En Norte de Santander, a paso de tortuga y no a la velocidad del rayo es la figura comparativa que podemos utilizar para reseñar el lento avance de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, teniendo en cuenta el estudio elaborado por la Defensoría del Pueblo.
Deteniéndonos en un punto que hubiera sido relevante para contener, mediante el desestímulo la producción de hoja de coca -que ahora llegó hasta la zona rural de Cúcuta- se detectó que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) está prácticamente que en el congelador.
Su cobertura solamente se concentra en Tibú y Sardinata, con 2.989 familias. Hace un año, por esta época el director de sustitución de cultivos ilícitos del PNIS, Hernando Londoño Acosta, afirmó que el Gobierno era consciente que en todo el Catatumbo hay cultivos ilícitos.
Y en esta época, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) vino a notificar que en realidad en este departamento fronterizo las acciones para contener y eliminar la hoja de coca parece que son débiles, porque Norte de Santander y Nariño acumulan por lo menos el 48% de los cultivos de coca en Colombia.
Pero hay curiosidades para ser analizadas. Por ejemplo Tibú, donde ha estado el PNIS, aparece como la localidad con altos índices de afectación por la coca, puesto que concentra el 13,5 % de la producción de la materia prima para el alcaloide, como lo ha señalado la UNDOC.
Pero el otro hecho que también llama a la reflexión es que Sardinata, el segundo municipio incluido por el PNIS, pues figura dentro de los diez con más coca en Colombia, dentro de los que Norte de Santander también aporta El Tarra y Teorama.
Pero qué sucede si a las aproximadamente 3.000 familias vinculadas al plan de sustitución les han entregado más de 30.000 millones de pesos en apoyo y subsidio, y nada parece cambiar, no por culpa de ella de ellas ni mucho menos, sino precisamente porque no se ha cobijado universalmente a todos los campesinos que se han visto obligados hacer estas siembras ilegales.
Eso es urgente cambiarlo y proceder a que el PNIS se extienda hasta los mismos corregimientos cucuteños en donde ya hay sembradíos, para de esa manera fomentar el real desestímulo a esa práctica y evitar que las economías ilegales coopten a esas familias. Vigorizar los proyectos cultivos para la sustitución definitiva pero también revisar las cuestiones financieras y de asistencia técnica agropecuaria y agroindustrial son necesarias para que este esfuerzo no se vaya por la borda tanto en Norte de Santander como en Cauca, Córdoba, Guainía, Guaviare y Meta.
El asunto relacionado con la producción cocalera, estimada en el departamento en 40.083 hectáreas, es un elemento que tiene que ser revisado y emprender la profundización y masificación de la sustitución de cultivos ilícitos, con planes concretos en donde se cuente no solo con los aportes a manera de auxilios, sino el respaldo de ministerios como el de Agricultura y el Medio Ambiente.
El modelo de desarrollo agropecuario para las zonas cocaleras colombianas debería incorporar esas tierras a la productividad para sembrar allí muchos de los alimentos que hoy debemos importar porque no se volvieron a cultivar debido a razones que van desde la violencia hasta de carácter económico.
Y desde el punto de vista político, por ejemplo, hay que ponerlo dentro de los puntos inamovibles de una negociación con la guerrilla del Eln, para que no haya presiones a la población para obligarlos a caer en la coca.
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