Cambiar para que nada cambie es la percepción que acaba de quedar en el ambiente con un decreto del Gobierno Nacional que al analizarlo tiene varias acciones que afectan la libertad de prensa en el cubrimiento de las elecciones regionales del 29 de octubre.
Decimos que todo sigue igual, porque en la nota de advertencia emitida por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se encuentra la siguiente precisión: tal como ocurrió para los comicios locales de 2019 y las legislativas de 2022, el Ministerio del Interior expidió normas que contienen disposiciones que limitan el ejercicio periodístico.
¿Contradicción? No se entiende si hoy están en el poder quienes en aquellos tiempos eran los opositores del gobierno de turno, respaldaban las libertades y reclamaban que se concedieran las garantías, ahora continúan con lo mismo que cuestionaban y hasta con más cortapisas.
Luego si el gobierno del cambio sale ahora con medidas cuestionables contra el derecho a informar y estar informado que la misma Constitución de 1991 les concede a los colombianos, entonces la situación se encuentra en peores condiciones.
¿Cómo así que solamente hasta después que la FLIP reaccionó, el ministerio anunció que ahora dará un reversazo y que se harán varias modificaciones con el fin de enmendar los errores? Habrá que esperar para ver las rectificaciones, porque a veces cuando se hacen esta clase de ajustes, pueden aparecer sorpresas de última hora o galimatías jurídicos y administrativos que empeoran la situación.
Esta clase de acciones y reacciones nada ayudan, porque en el imaginario popular ya queda la consideración expuesta en el decreto inicial y, lo que puede llegar a ser peor, que las autoridades se atengan al primer acto administrativo emitido y no a las aclaraciones que se hagan posteriormente.
Acogiendo lo que afirma la FLIP, hay que recordar que esta institución envió cartas al Ministro del Interior, al registrador y al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las preocupaciones que dejó el trabajo de las autoridades durante las jornadas electorales de 2019 y 2022.
Y si eso fue así y ya dicha cartera tenía conocimiento de esos antecedentes y el nuevo gobierno del cambio que cuando era opositor luchaba porque la información pudiera ser libre y sin mordazas, ¿por qué no actuó en consecuencia?
Porque lo cierto es que intentar evitar las entrevistas con fines político-electorales en radio, prensa y televisión, durante el día de elecciones, es coartar la libertad de informar. Tiene toda la razón la FLIP al considerar lo anterior como “una restricción arbitraria” a los medios y a los periodistas.
Pero una más complicada es esta: que si ocurre por ejemplo una emboscada guerrillera o un ataque a puestos de votación, solo se podrá brindar ese tipo de información de orden público el día de los comicios, cuando sea previamente confirmada por fuentes oficiales. Bien lo dice la FLIP al observar que eso no es aceptable.
Y en ese mismo intento de regular y limitar el flujo informativo desde las esferas estatales se encuentra el hecho de que los medios de comunicación deban tener un ‘visto bueno’ mediante la previa coordinación con la Registraduría para el uso de teléfonos celulares y cámaras fotográficas y de video en los puestos de votación.
Así mañana digan que todo está despejado, el Gobierno Nacional continúa dejando una estela de confrontación con la prensa, radio y televisión, a lo largo de este mandato bien sea por parte del mismo presidente Petro o del Pacto Histórico o de los miembros de la administración.
