Estamos retrocediendo. Volvimos a aquellos tiempos en que las correrías políticas de los candidatos estaban marcadas por las amenazas y los riesgos, muy propio de lo que acontecía antes de que se pactaran los acuerdos con la antigua guerrilla de las Farc.

En medio de este enrarecido panorama, surge la contradictoria circunstancia de atacar uno de los esquemas de representación y participación política de las víctimas de la violencia, como sucedió con los hechos intimidatorios contra una de las aspirantes a la curul de paz en el Catatumbo.

Lo ocurrido en la carretera entre Tibú y El Tarra sirvió como prueba demostrativa de la investigación desarrollada por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) sobre los riesgos para la elección de ese representante a la Cámara por la circunscripción especial formada por Tibú, Sardinata, Hacarí, San Calixto, El Carmen, Teorama, Convención y El Tarra.

Las 16 curules que podrán elegirse por los dos próximos períodos legislativos, en el país, han tenido que pasar por difíciles circunstancias hasta lograr que por fin tuvieran luz verde y sobre ellas siguen gravitando advertencias de que no precisamente las víctimas buscan obtener esas credenciales en los periodos 2022-2026 y 2026-2030.

Ahora que el proceso recibió el banderazo de arrancada, dos oscuros hechos relacionados con el conflicto en esa región nortesantandereana se le atraviesan peligrosamente: el caldo de cultivo de la violencia que dispara y se apertrecha desde distintos frentes y la dinámica de las economías ilegales.

Al desarrollarse este mecanismo de reparación colectiva y representación política bajo fuego y en un ambiente de amenazas, estas comunidades deben reaccionar votando sin dejarse intimidar, pero al mismo tiempo al Estado le corresponde ofrecer las garantías constitucionales y de seguridad para ello.

Pero es indudable que a quienes aspiran a llevar la vocería de estos municipios en el Congreso hay que ofrecerles posibilidades de adelantar la campaña proselitista sin riesgo a la vida, dándoles los esquemas de protección necesarios para ello.

En ese sentido, la organización Pares ha alertado que para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz no existe una garantía que asegure la transparencia del proceso electoral, la libertad del voto del electorado ni las condiciones de seguridad de los candidatos.

Todo eso suena discordante. Es un sin sentido que los grupos armados ilegales, todos ligados con el narcotráfico, constriñan y extiendan su régimen del terror para limitar la posibilidad de que se ponga en marcha uno de los puntos del acuerdo de paz.

Es un sometimiento que viola los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. No cabe duda que hay una degradación del conflicto el cual, de seguir tal y como va, podría terminar afectando gravemente los comicios del 13 de marzo, en la región y en otras partes del país.

Ojalá se tenga en cuenta la recomendación de la Misión de Observación Electoral (MOE)  para que el Ministerio del Interior y las autoridades municipales convoquen comisiones de seguimiento electoral específicas para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

De hecho, en Norte de Santander el panorama está muy complicado y difícil en materia de orden público y de seguridad ciudadana, sin lograr encontrar hasta ahora la fórmula por parte de las autoridades para mejorarlo, y más bien lo que en muchas partes se advierte es la sensación de que  no hay forma de contener lo que está pasando.