El Eln manda a robar vehículos en Cúcuta para que se los lleven a Venezuela. Familias desplazadas desde Arauquita y Saravena llegan a Pamplona, huyendo de los enfrentamientos entre esa guerrilla y la disidencia de las Farc. Ataques  con morteros a la estación de Policía de Astilleros y a la Brigada 30, así como incluso, un atentado contra el comandante  de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Pero la disidencia de las Farc también le ha agregado ingredientes explosivos a esta situación con el método de los carros bomba y cilindros bomba para tratar de aislar al Catatumbo.

Todo eso ha pasado en el mes y medio que llevamos trascurrido de 2022, año que además se ha caracterizado por otra serie de sucesos que irritan y disparan la percepción de inseguridad,  sin dejar de lado las masacres, de las que ya tenemos dos en la frontera con Ureña y en la zona rural de Cúcuta.

Recordemos el caso de la llamada ‘megarrodada’ que convirtió el Anillo Vial Oriental y una parte de Los Patios, en territorio perturbado por cientos de motociclistas que generaron desórdenes, choques y violaron las normas de tránsito y el Código de Policía. 

Y lo más asombroso sucedió el 15 de febrero, en plena Diagonal Santander con avenida tercera, en el corazón de Cúcuta -y no en los extramuros-cuando los acompañantes de un cortejo fúnebre tuvieron comportamientos de altísima peligrosidad, como si ellos fueran los dueños de la calle, donde mientras unos disparaban al aire, otros en motos hacían riesgosas piruetas. 

Un observador desprevenido que evalúe y conecte todos estos acontecimientos sin duda podría concluir que las autoridades parecen estar perdiendo la batalla y que aprovechándose de esa falta de operatividad, muchos tratan de instaurar en el territorio la ‘ley de la mafia y del revólver’.

Ha llegado la hora de rectificar y reorientar y tomar las decisiones urgentes que se requieran para conjurar el problema de inseguridad que, de boca en boca, entre los ciudadanos se comenta que  lo que se hace ha resultado en vano para detenerlo y que cada día la vida y bienes corren más riesgo de perderse.

Y estamos hablando de la inseguridad entendida como los atentados, los ataques a la Fuerza Pública, los atracos, el robo de vehículos, los homicidios, las intimidaciones, los desplazamientos, las extorsiones, todo eso, ocurrido en menos de dos meses.

Está muy bien que los ministerios de Defensa y del Interior digan estar muy preocupados por lo que pasa en esta región y decidan hacer otro de los incontables consejos de seguridad, pero sería mucho mejor que se dejaran de lado tantos anuncios, a los que ya la gente no les pone cuidado, porque los consideran más de lo mismo.
 
La sugerencia al Gobierno Nacional es que en esta ocasión tenga en cuenta lo planteado por el propio comandante de la Policía Metropolitana, en el sentido de que Cúcuta presenta un atraso de 15 años en tecnología para enfrentar el delito, en comparación con otras ciudades capitales.

Esta entonces es la oportunidad para que los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Defensa, Diego Molano, hagan un anuncio concreto para la ciudad y es con la asignación de recursos para un proyecto que nos saque del atraso en ese frente del combate contra el hampa, para ver si en algo mejora  esta lucha.

Deben entender tanto las autoridades nacionales y municipales que las palabras se las lleva el viento, mientras que los acontecimientos delincuenciales y de orden público arrasan con la tranquilidad ciudadana, provocando en últimas, desazón, temor, incertidumbre y pérdida de credibilidad en las instituciones.