Agobiados por los bajos precios y las grandes deudas, afectados por la competencia desleal de arroces llegados de otros países y sufriendo complicaciones fitosanitarias, así es el angustioso escenario de los productores de arroz de Norte de Santander.

Los tres primeros problemas encajan dentro de los de carácter estructural, que en otras palabras significa que débiles actuaciones o decisiones gubernamentales apagafuegos no responderán ni ayudarán a superar las necesidades de este renglón productivo regional.

Un asunto delicado que no se puede dejar pasar por alto, es que hablamos de por lo menos 10.000 familias que en el departamento están dedicadas al cultivo del cereal, las cuales requieren de respuestas concretas porque de lo contrario ahí estaremos ante otra crisis de inmensas proporciones desde lo económico y social.

Otra medición para hacernos una idea de la importancia de este renglón productivo, es que según el Censo Nacional Arrocero del DANE, correspondiente a 2023, Norte de Santander figura como quinto departamento con 193.509 toneladas producidas, después de Casanare, Tolima, Meta y Huila.

Pero hay más en este delineado sobre las destacadas características de este renglón agrícola, porque de acuerdo con el gremio el arroz es uno de los que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) departamental.

Con ese contexto, la lógica señala que si las condiciones empeoran y las soluciones se aplazan o las tomadas no son las requeridas, Norte de Santander estaría abocado a otra severa complicación que vendría a sumarse a la que hoy se afronta en el Catatumbo.

Mientras el rumor de las alarmas crecen y el paro de los arroceros sigue no solo aquí sino en el país, persiste la inquietud por las importaciones de arroz de Estados Unidos, Ecuador y Perú.

¿Cómo así?, se preguntará un productor del distrito de riego del río Zulia o un ama de casa de Cúcuta, ¿acaso no hay arroz como arroz en nuestro país para el abastecimiento del mercado nacional?

Aquí el Gobierno nacional debe poner en la balanza los riesgos y ellos muestran que de seguir eso, en el país podrían irse a la ruina 500.000 familias arroceras y destruirse 510.000 empleos en 211 municipios de 23 departamentos, al igual que ponerse en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de la nación.

Como el dicho popular dice que para grandes crisis grandes soluciones, en el portafolio de medidas urgentes hay que contemplar la aplicación de las salvaguardias comerciales para proteger a los productores locales y una posible revisión de los tratados comerciales con los tres países mencionados.

A los arroceros no se les puede desamparar o aliviarles las penurias con medidas paliativas porque ya no es una crisis cíclica sino crónica con tendencia al agravamiento.

Y para el otro gran inconveniente, que en el caso de los arroceros nortesantandereanos equivale a una deuda de $40.000 millones que no han podido pagar, el planteamiento es que haya una reprogramación de los pagos con los bancos, condonación parcial del capital, reducir los intereses y permitirles el acceso a líneas crediticias con tasas preferenciales para salir de la asfixia financiera.

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