Este dramático mensaje leerlo en el portón de una vivienda en el centro poblado de Versalles (Tibú) es el grito para notificarnos sobre la crueldad del conflicto armado.

Fuera de eso, que haya pueblos fantasma como consecuencia de una guerra que no para sino que cada día se transforma e intensifica nos confirma que los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario han quedado hecho añicos.

Ojalá se tome nota sobre estos dramáticos pasajes en que la población civil lleva la peor parte al tener que dejar abandonadas sus casas para salvar la vida, en un hecho que implica maniobras soterradas de despojo y la acción directa de desplazamiento forzado.

Desocupar pueblos es una operación de carácter criminal que violenta  todos los códigos y demuestra la degradación del accionar de los grupos armados ilegales al presionar el éxodo bajo amenazas de muerte unidas a las intimidaciones de reclutamiento forzoso o desaparición. 

Las agrestes condiciones de vida para los habitantes del Catatumbo a lo largo de 2025 ante las hostilidades bélicas entre el Eln y la disidencia de las Farc tienen como elemento de medición de su peligrosidad un dato revelado por la Misión de Observación Electoral (MOE).

La citada organización no gubernamental al evaluar la situación del país en materia de orden público previo a la jornada electoral del año próximo relacionó que  Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y la subregión del Catatumbo concentran el 67,69% de las acciones violentas.

Ambas organizaciones que se pelean el control de la zona y de las economías ilícitas vinculadas con el narcotráfico están demostrando que no respetan el DIH al seguir instalando minas antipersonal y trampas explosivas que son prohibidas al igual que han intensificado el uso, también ilegal, de los drones de la muerte para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil.

El Gobierno nacional debe emprender de inmediato la recuperación de Versalles. Iniciar el desminado. Hacer presencia con las tropas del Ejército y la Policía, al igual que mediante las acciones de la institucionalidad, con planes sociales y de desarrollo económico.

No puede permitirse el florecimiento de los pueblos fantasma en el territorio catatumbero, por efectos de la violencia,  porque esto puede acarrear operaciones oscuras de los combatientes de apoderarse de esas zonas para intentar instalar sus campamentos. Eso debe conjurarse.  

La pérdida territorial no debe ser una opción ni para el Estado ni para las personas que por años han habitado en esas localidades, luego hay que acelerar las acciones ofensivas de recuperación de esos lugares en que la criminalidad que se nutre del narcotráfico quiere seguir imponiéndose.

Porque hay dos cosas más que generan mucha inquietud en esa subregión por el alto impacto que ocasionarán.
 Una, es el procedimiento de  anulación de los liderazgos sociales en la zona  como lo confirmó una comisión de verificación humanitaria.

Lo otro tiene que ver con las posibles operaciones para rearmarse y reacomodarse por parte de los grupos armados ilegales en la región, que podría llegar a significar otra temporada de escalamiento bélico. 

Ese escenario de muerte, desarraigo y amenaza permanente contra el derecho a la vida hay que borrarlo para darle paso a un paisaje de paz, desarrollo y sostenibilidad en el Catatumbo que no merece más esta inestabilidad.

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