Sorprendidos quedaron los miles de usuarios de buses y busetas de transporte público de Cúcuta con la entrada en vigencia del nuevo aumento de $200 en el pasaje en la ciudad y rutas metropolitanas.
Parece poco, pero resulta que este año ya van dos veces que el valor de subirse en uno de esos vehículos para trasladarse hacia un lugar determinado ha sido objeto de reajuste, que en la práctica representa $400 para llegar a un total de $2.800.
Lo único en que avanzamos, fue en que “Cúcuta y el área metropolitana quedan dentro de la media nacional con las tarifas del transporte público colectivo”, como lo afirmara en marzo de este año el director del Área Metropolitana, Miguel Peñaranda Canal.
En aquella ocasión fue cuando se anunció el aumento escalonado, en dos oportunidades, el pasaje en el transporte urbano, que se hizo en abril y luego en agosto.
Con esos dos reajustes, las familias que tienen hijos estudiando en colegio o universidades, por ejemplo, han tenido que hacer un mayor esfuerzo para que ellos vayan a estudiar, corriendo el riesgo de una posible deserción, porque en muchos de estos hogares las condiciones socio-económicas no son las mejores.
En ese aspecto se escucharon pedidos sobre una especie de auxilio estudiantil o de un pasaje diferencial para los adolescentes y jóvenes que van al colegio o a la universidad, pero finalmente se quedó en un planteamiento desatendido y que resulto quedándose sin opción ninguna.
Y, mientras tanto, debemos alistarnos los habitantes del área metropolitana al nuevo impacto que ese incremento en el precio del pasaje tendrá en el índice de inflación correspondiente al presente mes, en el componente de transporte dentro de la canasta familiar, que al igual que sucedió en ocasiones anteriores, mostrará un efecto hacia arriba en los datos que sobre el particular entregue próximamente el DANE.
Sin embargo, mientras la gente se sube a estos vehículos, muchos de ellos en condiciones que no son las óptimas para el transporte de pasajeros, hay un cúmulo de inquietudes que merecen ser resueltas por la administración local.
Por ejemplo, Peñaranda, en marzo de 2023, dijo que de los $400 de aumento en el pasaje de las busetas, $150 serán destinados por todas las empresas para un fondo de tecnología.
¿Eso cuándo será? ¿Quién auditará eso? ¿En qué consiste ese plan financiado, según eso, por el bolsillo de los mismos usuarios? ¿En qué mes y año se verá la tecnología prometida?
Por el momento no hay nada de eso. Los buses y busetas ni son último modelo ni mucho menos tienen aire acondicionado o son de dos pisos. Son los mismos, con ventanillas que no abre o con sillas dañadas y desperfectos mecánicos evidentes, que llevan el letrero exigiendo el pago de los $2.800 al pasajero.
¿Cuándo será que lo siguiente, que en aquella oportunidad afirmó Peñaranda, empezará a regir en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios? “Vamos a iniciar con un tema de recaudo unificado con barras de conteo, con una tarjeta inteligente para poder pagar el transporte, vamos a contar con cámaras de vigilancia en todos los vehículos, vamos a tener botón de pánico, GPS y wifi gratis para todos los usuarios”.
No quedan sino cuatro meses y medio para que termine el presente mandato municipal, ¿será que es tiempo suficiente para que ese fondo de tecnología alimentado con parte del reajuste del pasaje urbano comience a operar?
O pasará como siempre. Que la multiplicidad de acontecimientos lo sepultará, quedará en el olvido, los candidatos en contienda prometerán otro supersistema de transporte masivo y la gente seguirá soportando un destartalado y costoso servicio de buses y busetas.
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