Ya hay un dato según el cual las  antiguas Farc-EP reclutaron por lo menos a 18.677 niños y niñas en Colombia, en una fase del conflicto armado que va desde 1971 hasta 2016, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),  siendo  1999, 2002, 2007 y 2013 los años más críticos.     .

Desde siempre, el reclutamiento forzado infantil aparece lacerando a la sociedad, y ahora una parte de esos perpetradores, todos pertenecientes a esa movilizada guerrilla deberán responder ante el tribunal de justicia restaurativa.

La práctica de este método llegó a tal extremo que la citada guerrilla contaba por lo menos con tres modalidades para su ejecución en las diversas regiones en donde hacían presencia, incluyendo a Norte de Santander. 

Expone la JEP que esa práctica fue mayoritariamente forzada, llegando a contabilizarse que el 64% de los casos se ejecutó por la fuerza;  el 22% tuvo como método el engaño para incrementar el número de combatientes y el 13% se hizo con la persuasión a los niños para vincularlos a sus filas.

¿Qué habrá sido de la vida de estos menores de edad a quienes les cortaron todas las opciones por llevarlos a pelear una guerra que no era de ellos?

Hay que hacer, por ejemplo, una evaluación de cuántos profesionales se perdieron, por culpa directa de esta operación de las Farc en contra del futuro de la niñez que cayó en su poder. Potenciales escritores pudieron haberse frustrado al quitarles el lápiz y el cuaderno y en cambio obligarlos a portar un arma, cuando ni siquiera habían terminado su infancia o adolescencia.

En ese solo sentido de haberle ocasionado un daño irreparable a los niños al sacarlos de la educación o cerrarles la opción de  buscar una mejor opción de vida, hay que generar y aplicarles contundentes acciones contra quienes estuvieron como comandantes de los frentes que incurrieron en esa acción ilegal cuyos efectos serán muy complicado superar.

La dificultad para cerrar dicho capítulo se advierte en el sentido de que el reclutamiento forzado es una herencia asumida plenamente por los grupos disidentes  de las Farc, que luego de darle la espalda a la paz, hoy continúan convertidos en factores generadores de violencia en las zonas del país en que se encuentran.

Norte de Santander está a la expectativa por las determinaciones que la JEP adopte contra quienes en las Farc tenían en el reclutamiento la forma de hacerse más fuertes y de incrementar su poderío de expansión regional.

Precisamente, entre los 20 exmiembros de esa organización aparece Erasmo Traslaviña Benavides, conocido como Jimmy Guerrero, quien fue comandante del Bloque Magdalena Medio de 1993-1997 y coordinador de la Unidad Norte, compuestas por los frentes 33 (en el Catatumbo) y 20 de 2003 a 2016 y de la Unidad Sur, compuesta por los frentes 11, 12, 23 y 46 de 1997 a 1998, ambas unidades del Bloque Magdalena Medio.

La siguiente afirmación de la JEP sobre el contexto en que ocurrieron esos reclutamientos,nos demuestra que hoy todo sigue siendo igual y deja entrever cuál sería el plan requerido para enfrentar el mal del reclutamiento forzado:

Así, el reclutamiento y la utilización de niños y niñas ocurrieron en entornos rurales, de pobreza persistente, con una limitada o inexistente presencia estatal y una oferta precaria de servicios básicos, particularmente en materia de educación, salud y recreación. Estas condiciones incidieron en la incorporación temprana de niños y niñas a labores de trabajo irregulares y en la exposición a dinámicas de violencia intrafamiliar, lo que profundizó vulnerabilidades preexistentes. 

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