Cucuteños, ocañeros, zulianos y sardinatenses se han enrolado en los grupos de mercenarios contratados para ir a pelear en conflictos armados ajenos como el de Ucrania y Rusia, mientras que muchos colombianos llegaron a Sudán, en África, donde se libra una guerra civil.

El Congreso de la República y el Gobierno nacional acaban de dar un paso en la dirección correcta con la nueva ley que adopta la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

Era urgente hacerlo porque el mercenarismo se ha convertido en un mal de alta ocurrencia en el siglo del XXI con el surgimiento de un mercado ilegal disfrazado con la fachada de empresas de seguridad que contratan personal exclusivamente con formación militar y que después se ven enrolados en las filas del ejércitos en contienda en Europa o en esa parte del territorio sudanés.

Esas organizaciones les ofrecen jugosos salarios en dólares por tomar el fusil o hacer tareas muy especializadas en los campos de batalla, aprovechándose de la experiencia que ellos adquirieron en Colombia.

Pero gran parte de las veces todo sale mal. Si no mueren en el terreno otros son hechos prisioneros y les aplican severas condenas precisamente por su operación como soldados extranjeros a sueldo, en una patria que ni siquiera conocen.

En 1989 el tratado internacional contra la vinculación de mercenarios fue adoptada por Naciones Unidas.
El gobierno colombiano considera a esa práctica como una forma contemporánea de explotación humana, alimentada por la vulnerabilidad económica, la desinformación y la falta de protección jurídica de quienes terminan enredados en esas peligrosas incursiones bélicas en las que ellos corren más riesgos que las demás tropas por su condición de combatientes contratados.

Hay que pasar entonces, de las palabras a los hechos, para hacer valer este plan internacional que es necesario que persiga y lleve ante  la justicia a los reclutadores  con el propósito de que se les aplique todo el rigor de la ley.

Es que estamos frente a un mercado en el que se trafica con seres humanos dotados de formación militar de alta intensidad, quienes son enviados al frente con el ofrecimiento de altos salarios en dólares, descubriendo luego muchos de ellos que todo era parte de una trampa y que los utilizan como carne de cañón.

Pero hay algo todavía más dramático y es que muchos mercenarios colombianos que trabajan con los Ejércitos de Ucrania y Rusia terminan enfrentados a miles de kilómetros de su patria natal, peleando por dinero.  

Además, la aprobación de esta norma es la consolidación de una herramienta de protección para la Fuerza Pública, porque al establecerse un marco legal robusto contra el mercenarismo, se protegerá la imagen y reputación de los militares colombianos retirados.

Esta trata internacional de personal retirado de las Fuerzas Armadas  tiene que ser fuertemente rechazada y los estados que tomaron para sí dicha convención sería importante que sostuvieran una conferencia para revisar todo lo que está ocurriendo y aplicar en todo su rigor la normatividad contra aquellos que obtienen millonarias ganancias con ese negocio ilegal y que viola los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.