En su segundo gobierno, el presidente Donald Trump ha llevado a un mayor nivel las acciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a quien no reconoce como ganador de las elecciones y lo señala de tener vínculos con el Tren de Aragua, banda a la que Estados Unidos considera como terrorista.

El foco lo ha puesto en el petróleo riqueza natural de la que se siguen nutriendo las arcas del gobierno chavista que se autoproclamó vencedor de los comicios de julio del año pasado, mientras que la oposición con las actas en mano presenta a Edmundo González como el triunfador, obteniendo el reconocimiento de varios países.

En esta ocasión el cerco que está construyendo la administración estadounidense contra Maduro es de carácter económico para socavar sus fortalezas y buscar que salga de Miraflores para que la democracia plena retorne al vecino país afectado por una aguda crisis que destruyó la economía y derrumbó los cimientos de los derechos fundamentales y empobreció a la población.

El cerrarle esa bocanada de oxígeno que recibía con el establecimiento de esas sanciones más el ofrecimiento de recompensas por los más importantes miembros del madurismo y la insinuación de una amenaza de acción militar en caso de que  el  atacar a Guyana o a Exxon Mobil, constituyen una batería de severos planes demostrativos de cero tolerancia con la dictadura.

Para entender la especie de base filosófica de Trump para actuar con dureza ante los gobernantes del vecino país que ya completan más de 25 años en el poder, vale leer la siguiente expresión del mandatario estadounidense: “queremos hacer algo con Venezuela. He sido un gran oponente de Maduro. Nos han tratado no tan bien, pero lo más importante, han tratado muy mal al pueblo venezolano”.

Lo manifestado en esas palabras se ha ido viendo a lo largo de estas semanas para indicar que Estados Unidos está del lado de los venezolanos para ayudar a que puedan liberarse del sufrimiento al que están sometidos.

Y el revocar los permisos a las firmas petroleras estadounidenses y de otros países para que no sigan operando en territorio venezolano es una señal clara de que Washington en esta oportunidad no está dispuesto a permitir que los chavistas se eternicen en la conducción de los destinos del otrora próspero país.

Habrá que esperar que el impacto de estas medidas en una mezcla con el aislamiento internacional y la denuncia ante los organismos de justicia para que quienes hoy  ostentan el poder paguen por sus atrocidades contra la  población tenga sus repercusiones esperadas, en favor tanto de esa nación como del continente en general.

Frente a todo esto hay que empezar a trazar los planes para la reconstrucción de la economía, de la industria petrolera, del tejido empresarial y del empleo para que mediante inversiones nacionales y extranjeras se saque adelante ese gran proyecto al lado de una democracia fuerte y una ciudadanía empoderada y decidida a vigorizar sus instituciones, restablecer la gobernabilidad y que el imperio de la Constitución y de la ley cobije y proteja  a todos los venezolanos.

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