El poder absolutista del centralismo colombiano se dibujó en su máxima expresión en un decreto del Estado de Conmoción Interior que creó la comisión intersectorial del Catatumbo en la que vota y decide el Gobierno nacional mientras los alcaldes y gobernadores de la región quedaron relegados a ser simples convidados de piedra.

Esa es la conclusión a la que se llega luego de leer el Decreto 0253  del 4 de marzo de 2025 y que se esperaría fuera corregido para darles una real participación a los gobernantes locales quienes apenas tienen la opción de hablar pero no de interceder efectivamente a favor de la zona cubierta por  las normas de carácter extraordinario a raíz de la cruenta situación de violencia.

Resulta que la Comisión Intersectorial para esa región tiene entre sus funciones definir el plan de acción que permita articular las acciones institucionales, al igual que definir plazos y metas. 

Y como está diseñado el acto administrativo, los alcaldes del Catatumbo, del área metropolitana de Cúcuta, de Río de Oro y González, así como los gobernadores de  Norte de Santander y Cesar prácticamente no tendrán posibilidad de tener ninguna incidencia en la construcción de ese proceso, porque los que tienen derecho a voto son 24 miembros del alto gobierno y ellos simplemente serán oídos.

Es decir, la criticada centralización se mimetiza detrás de un velo de supuesta democracia participativa en la que aparentemente la martirizada región catatumbera tiene alguna opción determinante, que sin embargo puede terminar siendo no vinculante.

Además, quienes pueden tener una mejor visión para definir los indicadores que logren evaluar el impacto de las acciones de intervención son precisamente los gobernantes asentados en la zona que conocen a fondo los territorios y pueden ayudar a que las acciones que se acuerden desarrollar tengan los resultados esperados para ayudar a superar la crisis humanitaria en aquella subregión  de Norte de Santander.

Que sean solamente llamados en calidad de invitados permanentes a la comisión intersectorial los convierte en simples testigos de una descentralización inexistente, con lo cual se puede llegar a correr el riesgo de que  las soluciones no tengan la efectividad esperada.

Es que la potestad de decisión recaiga única y exclusivamente entre los miembros del gabinete ministerial y de otras instituciones nacionales es a todas luces la comprobación de que será Bogotá la que trace el rumbo a seguir para la salida de la encrucijada del Catatumbo.

Se defenderá el gobierno del presidente Gustavo Petro diciendo que no se les ha dejado por fuera al llamarlos a hacer parte, pero en la práctica lo único cierto es que este decreto excluye a los municipios y gobernaciones  en la toma de decisiones.

Resulta toda una contradicción porque mientras Petro afirma trabajar para el pueblo, los campesinos y los indígenas, a la hora de la verdad termina haciendo lo mismo que él tanto critica,  gobernando de espaldas a la realidad regional, aunque tratándolo de ocultar con una participación de los territorios que al final es irreal.

Un Catatumbo cruzado por la muerte, el desplazamiento, la coca, el confinamiento y todos los males conexos, no se merece que el asfixiante centralismo ponga en riesgo el éxito de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para rescatarlo del abismo. Con esto que acaba de suceder, se confirma que  Colombia debe romper el centralismo y darles mayores posibilidades a las regiones.

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