La disidencia de las FARC, autodenominada como Estado Mayor Conjunto, continuó desafiando al Estado y al proceso de paz al llevar a cabo otra acción de fuerza en la zona rural de Tibú.

La guerrilla del ELN, ‘indignada’ por un intento de diálogo regional en Nariño, rechazó la mesa y congeló unilateralmente las conversaciones.

Ambos hechos ocurrieron en el mismo día, con diferencia de horas: primero, con el secuestro de la directora seccional de la Unidad de Víctimas, Judith Maldonado, y su equipo; luego, con el comunicado de suspensión de diálogos.

La inquietud surge por lo sucedido entre Campo Dos y Petrólea, ya que la retención temporal del grupo de funcionarios gubernamentales indica que la disidencia de las FARC sigue ejerciendo control territorial y social sobre la población en esta parte del Catatumbo.

Resulta notable el por qué miembros de una organización armada ilegal establecen retenes y retienen durante tres horas a un grupo de personas que circulaban por una carretera principal en esa región de Norte de Santander.

A la población civil de este territorio, que sirvió para la instalación de la mesa de conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la disidencia, la Fuerza Pública debe garantizarles el derecho a la vida, la movilidad y la libertad.

En el ejercicio de esa labor, a la Policía y al Ejército no se les pueden restringir sus operaciones, incluso si están vigentes los ceses del fuego bilaterales y los encuentros de paz, porque la pérdida de autoridad y de operativos de presencia y control abre paso a las zonas grises que quedan en manos de quienes se benefician de las economías ilegales.

Se necesita un fuerte llamado tanto del acompañamiento internacional al diálogo con esta disidencia como del Gobierno Nacional, ya que incursiones como estas representan un grave revés en la construcción de la ‘Paz Total’.

Mientras tanto, en Norte de Santander, además del repudio, se tomó con preocupación lo manifestado por la guerrilla del ELN para congelar el diálogo, consistente en rechazar la alternativa del diálogo regional explorada en Nariño por parte de la gobernación de ese departamento.

En este contexto, la guerrilla parece pregonar y defender una filosofía de carácter centralista, es decir, que lo único válido es lo que se diga, haga y adopte en la Mesa de Diálogos. A esta organización parece importarle poco o nada la voz de los territorios que, por ejemplo, sus 19 estructuras armadas martirizan en Norte de Santander y la frontera con el estado Táchira (Venezuela).

En esta crisis, es necesario buscar que los diálogos regionales tengan cabida dentro de esa gran conversación de paz, ya que la imposición no será la mejor opción, considerando que es en Cúcuta, Tibú, Villa del Rosario o los pasos fronterizos donde retumba el conflicto armado.

Lo único cierto es que estas nuevas cargas de profundidad activadas contra el diálogo por estos dos grupos deben llevar al Gobierno Nacional a reflexionar sobre si está llegando el momento de buscar la paz mediante la derrota armada y el sometimiento de quienes persisten en la violencia. Obviamente, esto debe acompañarse con el necesario desarrollo social y económico de las regiones, y con el debido respeto de los Derechos Humanos. La mesa de diálogo no aguanta más afrentas.

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