El problema del hacinamiento en las cárceles y centros de reclusión del país se ha vuelto una verdadera y recurrente calamidad pública. De esto se han escrito ríos de tinta y papel.

Y como ocurre con otras problemáticas, es un mal que lleva varias décadas de existencia sin que haya sido posible darle una solución adecuada y definitiva. 

En la misma dirección, con fundados temores de mucha más gravedad y sin ninguna solución aparente, parece ir igualmente otro problema paralelo: el de la reclusión y hacinamiento también de centenares y miles de jóvenes, hombres y mujeres en las estaciones de policía de nuestras ciudades y municipios.

Un informe publicado por La Opinión el pasado domingo 19 de enero nos puso de presente la magnitud y gravedad del hacinamiento que se registra en los C.A.I. y en las 13 estaciones de policía que funcionan en las diferentes zonas y sectores residenciales de la capital nortesantandereana. 

Esas estaciones de policía no fueron construidas ni están acondicionadas para albergar a personas capturadas o señaladas de cometer algún delito. Es decir, no son lugares para tener presos. Tampoco la Policía tiene que poner a disposición de las autoridades judiciales o del Inpec la capacidad de sus instalaciones y su personal, menos cuando son muchos los problemas de inseguridad y violencia que día y noche debe enfrentar.

Hasta el pasado 15 de enero, 244 detenidos – entre éstos 13 mujeres – estaban recluidos en las estaciones de policías; llevaban más de 36 horas en condiciones infrahumanas: durmiendo en el suelo y en medio de las más duras condiciones ambientales por el calor y la falta adecuada de ventilación. Soportando igualmente las más precarias condiciones de higiene y aseo, por la falta adecuada de baños y lavamanos. 

En diciembre pasado, solo en la sala de detenidos de la estación  Centro de la Policía estaban 45 personas recluidas cuando sus instalaciones son aptas para solo 8 personas. La capacidad permitida de las 13 estaciones de policía es de 118 detenidos, lo que quiere decir que el sobrecupo o hacinamiento es del 206 por ciento.

Con frecuencia se presenta el caso de que el Inpec no recibe los detenidos de las estaciones de policía porque el municipio o el departamento no cumplen sus obligaciones contractuales con esa entidad.

A los presos en las estaciones de Policía se les violan o vulneran todos sus derechos: no reciben atención médica, no reciben visitas o son restringidas las de sus familiares o amigos, los abogados de oficio no dan abasto, las acciones de tutela se cumplen a medias cuando se cumplen, y las gestiones de la Defensoría del Pueblo o de la Personería se vuelven engorrosas y son lentísimas.

Esta situación ha originado varios intentos de fuga y hasta asonadas contra los uniformados. El año pasado se registraron 19 fugas, según el informe del comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel José Luis Palomino López. Y aquí viene lo más paradójico e inverosímil: a los policías que ponen a custodiar a los capturados recluidos en las estaciones, les abrieron procesos de investigaciones disciplinarias y penales porque son ellos los que tienen a su cargo a los presos.

En cada estación, la Policía tiene 3 agentes custodios que suman 36 por turno. Este personal que debería estar cuidando a los cucuteños, tiene que estar pendientes de los presos.