Capturar al jefe de la banda criminal Los Manzaneros junto con otros integrantes constituye un importante golpe de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía contra uno de los factores generadores de inseguridad en el área metropolitana de Cúcuta.

Teniendo en cuenta lo dicho por el general William Salamanca, director nacional de la Policía, la peligrosidad de esa organización llegó a tal extremo que ahora es un elemento del conflicto armado al tener un outsourcing criminal con el Eln.

Esa ‘contratación’, que ya la había hecho la disidencia de las Farc con delincuentes de Medellín para cometer el atentado con maletas-bomba en el aeropuerto de Cúcuta, ahora la está haciendo el frente urbano Carlos Germán Velasco con Los Manzaneros.

De razón que estamos entre las ciudades más peligrosas, si es que una sola de las estructuras del hampa disputa a muerte el microtráfico con otra banda y fuera de eso hace trabajos sucios para el Eln como crímenes selectivos, tráfico de personas con migrantes, entre otros.

La sensación inicial es de alivio entre los ciudadanos quienes destacan la labor de las autoridades policiales e investigativas por esta acción ofensiva contra el crimen en la ciudad.

Sin embargo, la dicha puede durar poco, puesto que quién o qué le garantiza a la región que la contundencia de la Operación Alfa se refleje en una mejora real de la seguridad ciudadana en las calles y parques.

Esa inquietud surge al detallar los mismos resultados entregados y algunos elementos del accionar delincuencial en esta ciudad fronteriza.

Por ejemplo, llama la atención que de los 17 integrantes de Los Manzaneros que cayeron, siete de ellos se hayan imputado en centros carcelarios desde donde seguían afectando la seguridad de los cucuteños.

Igualmente, no deja de inquietar que Pepino se vaya a volver como Porras- quien está en prisión y es su enemigo a muerte- en otro poderoso jefe delincuencial que mueve los hilos del crimen en la capital nortesantandereana desde su celda.

Aquí entonces entra a jugar la responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Inpec para que la efectividad de las tareas operacionales y de condena contra el crimen organizado no pierdan efectividad por un sistema penitenciario débil, corrupto y con deficiencias en su infraestructura y seguridad.

El Estado debe recuperar el control de los penales. Los presos no pueden seguir siendo los ‘reyes’ y la ciudadanía soportando que desde allá la extorsionen o la sometan a toda clase de hechos al margen de la ley, cuando se supone que nada de eso debería suceder.

En este punto se requieren respuestas inmediatas e incluso hasta un examen crítico de lo que está pasando, puesto que es tal la crisis del sistema carcelario que el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, sugirió enviar detenidos a la prisión de El Salvador.

La inseguridad en Cúcuta está evolucionando de tal manera que las autoridades nacionales deberían proyectar, por un lado, una cárcel de alta seguridad, y por otro, considerar la justicia mayores penas para estructuras como Los Manzaneros por aliarse en una sociedad del crimen con el grupo armado organizado Eln para perpetrar acciones que pueden llegarse a considerarse como de terrorismo.

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