Quemar un ‘Año Viejo’  dentro de la cárcel, por parte de un grupo de reclusos que hasta mostraron celulares de alta gama, son hechos a los que no se les puede restar la magnitud de la falta de control y la desobediencia a las normas vigentes dentro de los presidios.

Como si eso fuera poco, esa clase de parranda de fin de año confirma la razón por la cual los alcaldes y  gobernadores recién posesionados y que están  preocupados por la inseguridad ciudadana, aprovechen para hablar con el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y el Ministerio de Justicia para ejercer los controles requeridos.

En la información publicada por La Opinión sobre el caso ocurrido en la Cárcel Modelo de Cúcuta, señala que la celebración tuvo lugar la noche del 31 de diciembre en el patio 24,  conocido como zona social.

Hasta ahí, ya hay varias violaciones a las normas vigentes, porque por ejemplo a un penal no está permitido que a los reclusos les lleven fuegos pirotécnicos para utilizarlos como lo hicieron en esa oportunidad, puesto que los protocolos no lo permiten.

¿Quién dio permiso para que sucediera eso? ¿Por qué hay celulares de alta gama, cuando esa clase de equipos de comunicación también están prohibidos entre la población carcelaria?

El asunto no puede quedar rotulado como una transgresión más a la normatividad vigente, sino mejor servir de inicio de una revisión completa de los controles y medidas que rigen tanto en la prisión cucuteña como en los demás penales colombianos.

Es muy delicado que eso ocurra, porque queda la sensación entre la ciudadanía en general que realmente dichos establecimientos no son los centros para rehabilitar al hombre que ha caído en el delito, sino que están prácticamente convertidas en lugares para seguir alimentando la criminalidad y en escenarios para continuar dirigiendo los hilos de delincuencia en la calle.

Está muy bien que el problema de la inseguridad esté en el primer lugar de las urgencias de los nuevos gobernantes locales, pero sin duda que el éxito no lo tendrán asegurado si el régimen carcelario no opera de manera adecuada.

Ayer, fue la pólvora para un ‘Año Viejo’, mañana puede llegar a ser algo peor lo que entre a la Modelo, hecho que lleva a los recuerdos de las parrandas hasta con famosos artistas en otras cárceles colombianas.

Que la quema de este monigote sirva para que las autoridades encargadas se pongan el objetivo de reajustar y mejorar todo lo relacionado para contener el tráfico de teléfonos celulares que son utilizados por los prisioneros para cometer extorsiones desde sus celdas.

Es igualmente grave que muchos jefes de bandas que se encuentran en prisiones llamadas de alta seguridad, continúen manejando los hilos de la criminalidad en las calles desde las celdas, especialmente en aspectos como el microtráfico y el homicidio.

Un dato del director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, indica que hasta abril del año pasado, en Colombia había más o menos 3.700 investigaciones por permitir la entrada de teléfonos a las cárceles y por otras irregularidades.

Hacer un trabajo perfectamente coordinado para tratar de reducir los índices delincuenciales desde los frentes de la operatividad policial y la aplicación de justicia requiere, para lograr mayores niveles de éxito, que en las prisiones impere la ley, mientras que al mismo tiempo los reclusos son resocializados mediante la educación y el trabajo, para alejarlos del crimen.