¿Y, ahora qué? Acaba de advertirse desde la Defensoría del Pueblo que en Colombia hay 113 municipios con riesgo extremo para las elecciones del 29 de octubre, que equivale a indicar que la violencia tiene altamente amenazada la libre determinación democrática de los votantes para elegir a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles.

Esas intimidaciones pueden degenerar en limitaciones para que los ciudadanos vayan a ejercer el derecho al voto  porque se sienten amenazados por la alta presencia de organizaciones al margen de la ley que ha ido en crecimiento tanto en el país como  en Norte de Santander que no escapa a esta sensible situación.

En el departamento fueron identificados 16 municipios con riesgo extremo para el desarrollo del debate electoral, teniendo en cuenta que están presentes las diversas formas de conflicto armado en la región, que hasta tiene un alcalde que debió salir del país por amenazas y el de Tibú despachando a larga distancia, como consecuencia de los actos intimidatorios en su contra.

La radiografía en el departamento en materia de seguridad no es la mejor. Se han registrado 1.471 personas desplazadas y 7 masacres durante el presente año. Trece candidatos han reportado amenazas en el actual proceso electoral, mientras que el alcalde de Tibú despacha por fuera de su municipio y el alcalde de La Playa de Belén renunció y salió del país.

O sea que la situación de inseguridad es muy volátil en el departamento al ponerla sobre la orbita electoral, lo cual requiere una acción inmediata de las autoridades civiles, militares y policiales para que no se vayan a presentar hechos atentatorios contra el voto popular.

El diagnóstico ha sido suficientemente documentado por la Defensoría del Pueblo tanto en la región como en otros departamentos colombianos que necesitan una acción urgente para el cuidado y preservación de la democracia local, fuertemente amenazada por la consolidación de las organizaciones armadas que hacen presencia en territorios como Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander, El Zulia, San Cayetano, Tibú, Sardinata, El Tarra, San Calixto, Hacarí, El Carmen, Convención, Teorama, La Playa de Belén y Ábrego.

Hay que cuidar las elecciones porque como institución representan la opción de los pueblos de expresarse libremente en las urnas para elegir a sus autoridades locales de los próximos cuatro años.

La hostilidad hacia la población y los que buscan llegar a los cargos de elección popular lo que hace es minar la posibilidad de la expresión de los electores, que ante esta sucesión de acontecimientos y de presiones, lo que pueden terminar es absteniéndose, generando de paso un revés a la participación y representación ciudadana en los comicios.

Y  es que la situación no es nada fácil, porque el Clan del Golfo opera en 331 municipios y es la principal fuente de amenazas contra el proceso electoral, según la Defensoría.

Le siguen la disidencia de las Farc  conocidos como Estado Mayor Central (EMC), que se encuentran en 234 municipios, y la guerrilla del Eln, que negocia con el gobierno desde noviembre y tiene injerencia en 231 localidades colombianas.

Tener todas esas estructuras al acecho representan una estela intimidante de peligrosas implicaciones que es necesario contener tanto desde la órbita de las operaciones de patrullaje y control militar y policial en esas áreas identificadas, al igual que desde el punto de vista político, dentro de la llamada ‘Paz Total’ que impulsa el actual gobierno.

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