Silenciar los fusiles pero seguir con las extorsiones y los secuestros implica más riesgos que certeros pasos positivos hacia la paz con la guerrilla del Eln, que en los 180 días de cese bilateral del fuego ya que podría terminar es fortaleciéndose en sus capacidades intimidatorias y militares.

Lo anterior se deduce de las declaraciones desde La Habana de Pablo Beltrán, jefe de la delegación del grupo subversivo: “Por ahora se continuará con el cobro de impuestos en las regiones y si las retenciones no son necesarias no se harán”.

Estas palabras del vocero guerrillero demuestran la debilidad de la tregua que está prevista desarrollarse durante seis meses a partir del próximo tres de agosto, porque las hostilidades contra la población civil persistirán.

De qué sirve un cese de esta naturaleza, si con los argumentos para el financiamiento que se necesita para mantener a a los diversos frentes del Eln, los colombianos seguirán expuestos a los impactos del conflicto armado representados en dos riesgosos delitos como los de extorsionar y secuestrar, que son una amenaza para la vida.

Porque si las víctimas de algunas de estas operaciones dirigidas a conseguir dinero no acceden, quedan en riesgo de ser asesinadas o desplazadas y despojadas de sus bienes, desdibujándose el argumento de que el cese bilateral persigue el propósito humanitario de rebajar la intensidad del conflicto.

Queda la inquietud sobre el por qué no hubo una fórmula que evitara dejar la puerta abierta a estos riesgos que se  propagarían a alta velocidad si los integrantes del Eln utilizan este periodo para moverse a sus anchas por el territorio nacional con el fin de aplicar las vacunas o hacer retenciones con fines económicos, sabedores que la bilateralidad del proceso es para ellos una especie de ‘blindaje’.

Pero no solamente eso. También en el horizonte se advierte que esta guerrilla podría aprovechar los 180 días para su expansión territorial en diversas zonas del país y para el fortalecimiento de otras, porque las Fuerzas Militares prácticamente quedan maniatadas para actuar contra ellos.

Es decir, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) eventualmente puede aprovechar esta “franquicia” para enfrentar y acosar a los otros grupos como las disidencias de las Farc o a la Autodefensas Gaitanistas que no están en la tregua con el gobierno y quedarían entre el fuego de las fuerzas militares y la de los elenos.

Eso al final implicaría más zonas bajo el control del grupo alzado en armas, una vez concluya el periodo de cese del fuego, que en la práctica implicará un Eln más fuerte y robusto que al momento de seguir las conversaciones podría hacer mayores exigencias al Estado y mostrarse más beligerante, lo cual agrega un elemento de riesgo para la continuación misma del proceso de ‘Paz total’ con ese grupo guerrillero.

En Norte de Santander persisten las preocupaciones en muchos sentidos, porque el Eln tiene ocho frentes y siete compañías, con el agravante de contar con el territorio venezolano como retaguardia y punto de escape para protegerse de sus acciones en la región, aunque ahora el gobierno de Venezuela ha prometido ayudar a enfrentar los factores de violencia en la frontera.

En el departamento no ha estado ajeno a los secuestros y extorsiones por parte del Eln, como quiera que en los últimos meses ambos hechos muestran un riesgoso aumento, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones de empresarios, comerciantes y habitantes de la zona del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, donde esa guerrilla tiene fuerte presencia.

Tanto desde el punto de vista político como militar el Estado en esta negociación de paz tiene que ser fuerte y contundente en el mantenimiento del orden público y en hacer respetar el imperio de la ley, porque de lo contrario podrá terminar siendo un proceso fallido con delicadas consecuencias para todos.

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