En el debate o en las  preguntas o en una declaración, los candidatos a la Gobernación de  Norte de Santander y las alcaldías de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario tienen la obligación de plantear lo que harán para la operación del Acueducto Metropolitano.

Tienen que ser claros. Pero a su vez comprometerse a que la negociación y gestión para la definición y entrega al operador se hará poniendo de antemano la cobertura, calidad y eficiencia en la prestación del servicio de agua potable a los usuarios de esas tres localidades del área metropolitana de Cúcuta.

Ya los actuales gobernantes no tienen tiempo. Se les fue entre las manos, como el agua, siendo, además, muy afortunados porque varios incidentes que se han registrado en los últimos meses lograron superarse sin inconvenientes, porque otra cosa hubiera sucedido si alguno de ellos hubiera comprometido gravemente el servicio.

No se pusieron de acuerdo. No lograron ninguna clase de entendimiento. Tampoco alcanzaron la unificación de criterios sobre si la operación debe recaer en un consorcio privado, por ejemplo, o que sea una empresa departamental o municipal la que tenga a cargo dicha labor. Se les fueron los meses en discusiones y en desencuentros sin tener una opción definida para que ese proyecto logre ponerse en marcha.

Por el momento, los actuales mandatarios mantienen posiciones divididas. Por ejemplo, los alcaldes Carlos Julio Socha y José Miguel Bonilla, de Villa del Rosario y de Los Patios junto con el gobernador Silvano Serrano se han mantenido en su planteamiento de que el Acueducto Metropolitano lo maneje una compañía privada con suficiente músculo financiero.

Y en el otro extremo se encuentra lo manifestado por el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, de que esta megaobra debe estar protegida y en manos de una empresa pública como la EIS Cúcuta, que es la misma dueña de la infraestructura del acueducto de la capital de Norte de Santander.

Ahora, la visión está puesta en quienes aspiran a gobernar a partir del primero de enero del año entrante, quienes son los que tendrán la última palabra para que se ponga a funcionar por el respectivo operador, esta obra en que se invirtieron más de $400.000 millones.

Luego en  esta etapa de la campaña política, los  aspirantes de los tres municipios y de la Gobernación están en la obligación de destapar sus cartas porque la decisión que tomarán no solo influirá o afectará a sus correspondientes localidades, sino que tendrá incidencia en un espectro más amplio.

Por tal razón los electores requieren lo que se denomina alcanzar un ‘voto informado’ para que dentro de las alternativas que presenten, les sirvan a los votantes para medir las opciones en favor o en contra de los candidatos y de ahí proceder a decidirse por equis o ye, dependiendo del que más se acerque a sus metas ciudadanas, que esperan lograr con quien sea elegido.

Y esto es obvio que tenga un debate en esta jornada previa a las elecciones para que los rosarienses, patienses y cucuteños sepan a qué atenerse y en este caso específico se inclinen bien sea por quienes planteen que la operación privada es la opción más factible o que el Estado, desde la órbita municipal sea quien tenga ese control y manejo. Hacerlo así, públicamente, aclarará dudas y permitirá que la veeduría ciudadana se aliste a estar atenta a esta negociación.

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