Faltando pocos días para que el Gobierno nacional expida el decreto mediante el cual definirá el salario mínimo de 2026, un concepto nuevo ha tomado relevancia en el debate laboral: el salario mínimo vital.
La propuesta, anunciada por el presidente Gustavo Petro, plantea un cambio en la forma en el que se fija el ingreso básico de los trabajadores colombianos, por medio de criterios orientados a garantizar condiciones dignas en las familias.
Aunque el jefe de estado no detalló el porcentaje del aumento, confirmó que el ajuste se efectuará con ese enfoque, el cual explicó, tiene respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución Política y la jurisprudencia del país.
A diferencia del esquema tradicional, el salario mínimo vital partirá de una lógica familiar y no exclusivamente individual, al analizar las variables como la canasta del hogar y el número de personas que generan ingresos en el mismo.
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De acuerdo con la OIT y con la base de datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), un hogar promedio de Colombia con cuatro personas requirió alrededor de $3 millones mensuales en 2024 para suplir necesidades básicas como alimentación, vivienda, servicios públicos, educación y transporte.
Al tener en cuenta que en promedio sólo 1,5 personas aportan ingresos en la familia. El salario mínimo vital estimado se ubicó en 2024 en cerca de $2 millones, cifra que si se ajusta por la inflación, llegaría a $2.104.000 en 2025.
Lo que implica una brecha cercana al 48% frente al mínimo vigente. Mientras el Gobierno y los sindicatos apoyaron el enfoque, por su parte, el sector empresarial manifestó su preocupación.
Gremios como Acopi señalaron que aumentos significativos podrían afectar la sostenibilidad de las empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas, lo que podría desencadenar en informalidad.
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Desde la academia, expertos indican que el salario mínimo ya debería ser vital. No obstante, advierten que su fijación no debe depender del costo de la canasta familiar, sino que debe tener en cuenta variables como productividad, inflación, empleo e informalidad.
En esa misma línea la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, enfatizó en la importancia de lograr un acuerdo equilibrado, bajo criterios técnicos y responsabilidad fiscal. “Colombia necesita un acuerdo responsable. Sin empresas no hay empleo y, sin empleo, no hay poder adquisitivo que proteger”.
El debate que enfrenta visiones sociales y económicas, creará uno de los principales retos del Gobierno en temas laborales para el siguiente año.
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