El presidente de Colombia, Gustavo Petro, atribuyó este domingo a su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la condición de "protagonista" del déficit fiscal que enfrenta el país, en una respuesta a la columna publicada por el exfuncionario en el diario El Tiempo, en la que identificó la crisis del sistema de salud, el deterioro de la seguridad y la estabilidad macroeconómica como los tres problemas críticos que heredará el próximo gobierno colombiano, en momentos en que el país atraviesa el calendario electoral previo a la primera vuelta presidencial.

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el mandatario reconoció el déficit fiscal como un "problema indudable" y sostuvo que su exministro fue uno de sus "protagonistas". Petro afirmó que le hubiera gustado discutir esas decisiones antes de que fueran tomadas, pero que a Ocampo, según sus palabras, "lo impulsaba un interés diferente al del pueblo" que votó por el actual mandatario.

Entre las decisiones cuestionadas, el presidente señaló que el exministro no debió pagar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) con recursos del Presupuesto General de la Nación, dado que se trataba de un subsidio al precio de la gasolina. Petro sostuvo que la única salida era trasladar ese costo al precio del combustible, decisión que, según planteó, pudo haberle restado popularidad en la clase media, pero que considera "esencial" para no impactar las finanzas públicas con un subsidio a los combustibles fósiles. Aseguró que ese pago "es más que todo el déficit fiscal primario en el presente año".

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El jefe de Estado reprochó además a su exministro haber adelantado parte del impuesto sobre la renta de 2024 para cobrarlo como porcentaje en 2023, decisión que, según planteó, generó una "mentira contable" y frenó la producción ese año. Sostuvo que el anticipo del tributo debió aplicarse sobre la "economía rentística y no productiva" y cuestionó la reciente decisión de la Corte Constitucional, que suspendió ese concepto y a la que calificó de "torpe" por, en su opinión, defender los intereses "moribundos" de las petroleras y de las compañías Drummond y Cerrejón.

En el mismo mensaje, Petro reprochó a Ocampo no haber preparado la junta directiva del Banco de la República para "el progresismo y las nuevas visiones de la economía mundial" y, según sus palabras, haberla "enterrado" en un "neoliberalismo ignorante". El presidente añadió que el encarecimiento de la deuda interna —no de la externa, que aseguró su Gobierno ha gestionado bien— depende de que el emisor baje la tasa real de interés por debajo de la tasa real de crecimiento económico, con el fin de expandir la producción agraria, industrial y de servicios.

Petro hizo en el mismo hilo un ejercicio de autocrítica frente a la designación de su exministro. "Aquí mi pecado fue mucha ingenuidad y creer que de verdad existía un centro democrático", expresó el presidente, quien añadió que el funcionario que llevó a su Gobierno estaba "más a la derecha" que el sector político autodenominado como tal.

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El mandatario defendió además su propuesta de que "los atesoramientos improductivos" paguen impuestos altos, bajo el argumento de que se debe premiar la producción y el trabajo y no la especulación ni el goce de "rentas quietas e improductivas". En esa línea, reiteró su planteamiento del denominado "impuesto a la vagancia", que, según afirmó, recae sobre los sectores "más poderosos y ricos" de la sociedad colombiana.

En materia de seguridad, Petro rechazó la idea de que Colombia atraviese una "crisis de inseguridad" y planteó que el país requiere "un nuevo camino hacia la paz" que implique el desmantelamiento pacífico del narcotráfico y las economías ilícitas, "sin ingenuidades y con seguridad". Describió esa ruta como un proceso "sociojurídico" en el que, dijo, debe participar una fiscalía "que apueste a la paz".

Para sustentar su argumento, el presidente difundió un cuadro oficial del Gobierno con la tasa de homicidios entre 2015 y 2026. Según el mandatario, las cifras muestran que la última década registra el nivel más bajo de los últimos 36 años, desde el "pico de la violencia narcoterrorista de los carteles urbanos", aunque reconoció que la reducción se encuentra "estancada". El gráfico ubica la tasa por cada cien mil habitantes en 26,6 en 2015, en 23,8 en 2020 —caída atribuida en la misma pieza a las medidas de confinamiento durante la pandemia—, en 26,8 en 2021 y en 26,5 en 2026, cifra similar a la del inicio del periodo medido.

El presidente vinculó el repunte de los homicidios en 2021 con el aumento de cultivos de hoja de coca durante el gobierno de Iván Duque y aseguró que su administración detuvo esa tendencia. Recordó además que la caída sustancial de los homicidios en años anteriores estuvo asociada al proceso de paz con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado en 2016, al que calificó como "determinante" para la reducción.

Petro también respondió a las críticas externas sobre la política antidrogas y afirmó que Estados Unidos "aún no cree" en los resultados de su Gobierno. Cuantificó la erradicación voluntaria en 39.000 hectáreas y aseguró que el primer informe corresponde a 7.000 hectáreas certificadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El secreto del proceso, según el presidente, está "en la voluntad campesina". Anunció que el próximo martes presentará el mapa satelital del primer trimestre de 2026 sobre cultivos de hoja de coca en el país, en una rueda de prensa "nacional e internacional".

Agenda del próximo gobierno

El pronunciamiento del mandatario fue una réplica directa a la columna 'Agenda del próximo gobierno', publicada por José Antonio Ocampo en El Tiempo, en la que el economista presentó los tres problemas críticos que, a su juicio, deberá enfrentar el próximo presidente: la crisis profunda del sistema de salud, el deterioro de la seguridad y la estabilidad macroeconómica. La pieza fue presentada por el propio Ocampo como su última columna antes de la primera vuelta presidencial, con el propósito declarado de que las y los ciudadanos tuvieran en cuenta esas tareas a la hora de votar.

En el texto, el exministro sostuvo que Colombia tuvo en 2025 el déficit fiscal primario "más alto de América Latina", según el último Panorama Fiscal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y advirtió que el año en curso será el tercero con un déficit total superior al 6 % del PIB, "en gran medida por aumento en gastos de funcionamiento". Ocampo indicó que el país perdió el acceso a la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI), "la mejor que ofrece ese organismo", y que todas las agencias calificadoras de riesgo han evaluado al país de manera negativa, lo que se traduce en "altas tasas de interés" para la deuda pública interna y externa.

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Sobre la seguridad, el exfuncionario afirmó que el deterioro "se ha reflejado en el Cauca y el Valle del Cauca, pero también en otras regiones", y consideró "esencial fortalecer las Fuerzas Militares, desarrollar un adecuado modelo de despliegue territorial y fortalecer sus actividades de inteligencia". Ocampo planteó la necesidad de disponer de una política de defensa nacional "a 20 o 30 años" y recordó que Colombia atraviesa "uno de los conflictos armados más prolongados del mundo".

En cuanto al sistema de salud, Ocampo advirtió sobre la necesidad de un plan de choque para atender a pacientes con trasplantes y enfermedades crónicas que, según describió, no están recibiendo sus tratamientos, así como sobre el cierre de servicios en varias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Propuso unificar los recursos que recibe el sector, estimar de manera correcta la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y delimitar lo que deben asumir las entidades territoriales, como la asistencia social, que, a su juicio, no debería ser cubierta con cargo a esa unidad.

El exministro mencionó además otros problemas económicos, entre ellos las bajas tasas de inversión, la aceleración de la inflación, la disminución del ritmo de crecimiento desde fines del año pasado, el "fracaso" de la política de reindustrialización y el deterioro de la administración pública.

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