El Decreto 0173 del 24 de febrero de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional creó un impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas y sociedades en el marco de la emergencia económica tendrá implicaciones fiscales y económicas, las cuales podrían terminar afectando el crecimiento económico y las decisiones de inversión.
Este análisis lo hizo el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, destacando que preocupa que la respuesta fiscal ante los desastres naturales continúe concentrándose en la creación de nuevos tributos, sin explorar de manera suficiente alternativas como reasignaciones presupuestales, uso de otras fuentes de financiamiento o mecanismos de eficiencia del gasto.
El director de la institución, José Mauricio Salazar, indicó que el decreto establece un gravamen temporal al patrimonio líquido de las empresas superior a 200.000 UVT (aproximadamente $10.470 millones), con tarifas del 0,5% para la mayoría de sectores y del 1,6% para entidades financieras y actividades extractivas de carbón y petróleo.
“Este impuesto deberá pagarse en dos cuotas durante 2026, lo que implica ajustes contables y de planeación financiera para las compañías. En un contexto en el que la economía colombiana ya registra un crecimiento moderado y por debajo de varios países de la región, la recurrencia de medidas tributarias extraordinarias puede afectar los incentivos a expandir la producción y generar empleo”, afirmó Salazar.
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El experto fiscal dijo que, en particular, la focalización del recaudo en sectores que actualmente muestran mayor desempeño económico podría alterar decisiones de inversión y planificación empresarial.
Salazar agregó que, adicionalmente, el tributo implica retos operativos para las empresas, que deberán anticipar el cierre de estados financieros, realizar conciliaciones patrimoniales y calcular la base gravable considerando exclusiones específicas, como el valor neto de acciones en sociedades nacionales o ciertos activos asociados a proyectos ambientales.
El economista insistió en la importancia de atender las emergencias ambientales con responsabilidad fiscal, pero también con una estrategia equilibrada que combine fuentes de financiamiento, priorización del gasto y evaluación de impactos económicos.
“La sostenibilidad de las finanzas públicas no solo depende del recaudo inmediato, sino de preservar las condiciones para el crecimiento, la inversión y la generación de empleo”, concluyó.
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