A enero de 2025, la deuda del Gobierno y las entidades oficiales por los servicios de energía eléctrica y gas alcanzaba los $7,6 billones.
De acuerdo con las cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas de la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, estas obligaciones está distribuidos así: $2,7 billones por subsidios de electricidad, $3,3 billones por opción tarifaria, $1 billón de usuarios oficiales y $628.000 millones por subsidios de gas.
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El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra y el procurador Gregorio Eljach Pacheco pidieron a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios información relacionada con la situación de la empresa intervenida AIR-E, sobre las actuaciones desarrolladas para garantizar en el largo plazo la prestación del servicio.
Rodríguez dijo que la falta de una solución integral al problema financiero podría generar un riesgo sistémico para la adecuada prestación de los servicios, afectando tanto la prestación, las finanzas públicas y la calidad de vida de la población, en especial la de los usuarios más necesitados, así como el desarrollo del país.
Destacó que la energía se requiere para distintas actividades del sector productivo y de los hogares. Esta situación podría incluso llegar a vulnerar garantías constitucionales y derechos fundamentales de los colombianos.
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En relación con la situación de subsidios de energía y gas, los altos funcionarios solicitaron a la Superservicios precisar qué mecanismos de control se ejercen sobre los subsidios y contribuciones del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI) y detallar cómo garantiza que la información reportada en el Sistema Único de Información (SUI) sea confiable, consistente y oportuna.
Tanto la Procuraduría como la Contraloría citaron a una mesa de trabajo al superintendente Libardo Yanod Márquez y a directivos y técnicos de su equipo de trabajo.
Piden mejor gestión de subsidios
En el estudio sectorial Subsidios en Electricidad, Gas Combustible, GLP y Combustibles Líquidos en el periodo 2014-2024, la Contraloría General destacó la necesidad imperiosa de realizar ajustes para garantizar que estos subsidios beneficien efectivamente a quienes más los necesitan.
El documento plantea la revisión del actual sistema de estratificación, que no resulta el mecanismo más adecuado para su asignación. Además, evidencia deficiencias en el otorgamiento, sostenibilidad, calidad y cobertura de estos subsidios, con consecuencias negativas para las finanzas públicas y la prestación de los servicios.
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“Resulta fundamental que el Ministerio de Minas y Energía agilice la ejecución de las acciones correctivas identificadas en la gestión de subsidios y asegure la implementación puntual de las mejoras pendientes", enfatizó el contralor.
Según Carlos Hernán Rodríguez, la entidad que dirige, de la mano de la Procuraduría, continuará ejerciendo su labor de control fiscal para garantizar que los subsidios cumplan su propósito social sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país, consciente de que su adecuada gestión impacta directamente el bienestar de millones de colombianos.
Ambos entes han venido desarrollando mesas de trabajo conjuntas con los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, ante la preocupación de los organismos de control por los efectos de la mora en los giros de subsidios a las tarifas de energía y gas.
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