El reciente fallo del Consejo de Estado que revive las normas y contratos para desarrollar el fracking podrían traerle más de un dolor de cabeza al país.
La razón: si el presidente electo Gustavo Petro definitivamente prohíbe su práctica, una vez asuma el mando el próximo 7 de agosto, Colombia quedaría expuesta a grandes demandas económicas ante los tribunales internacionales.
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Y es que a falta de una, son cuatro multinacionales petroleras las que firmaron contratos con la Nación para el desarrollo comercial y experimental de crudo y gas en yacimientos no convencionales (YNC) con esta técnica, y que interpondrían querellas por incumplimiento de los convenios.
En la lista no solamente la petrolera ExxonMobil con quien Ecopetrol realizará dos Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), sino también Drummond Energy (con cuatro contratos), ConocoPhillips (con dos contratos) y Parex Resources (con un contrato) alistarían su artillería jurídica, ante el hecho que el nuevo gobierno anunció su veto.
“De tomarse la medida, el país se expone a grandes demandas por incumplimiento de convenios contractuales. Tanto a los siete contratos que quedaron activos con el fallo del Consejo de Estado, como a los dos convenios para los pilotos de fracking, se les otorgaron unos derechos a las empresas interesadas que tienen programado desarrollarlos, y al desconocerlos, el país quedaría mal parado en los tribunales internacionales”, explicó Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.
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El funcionario reiteró que uno de los activos más importantes del país, y del sector de hidrocarburos de Colombia, es la estabilidad jurídica, el respeto por los acuerdos contractuales y las reglas de juego claras, “pero si se llegan a revocar esos contratos de manera unilateral por el gobierno de turno, el Estado quedará muy débil en su defensa jurídica”, dijo.
Pérdidas millonarias
Hasta el momento, ninguna de las multinacionales con las que el Estado colombiano tiene contratos para el desarrollo de YNC con fracking se ha pronunciado al respecto; sin embargo, analistas del sector petrolero no dudan en afirmar que las demandas económicas serían millonarias.
“Hablar de un monto exacto es difícil, porque depende de cada proyecto que se sintiera afectado, pero con seguridad se trata de demandas que pueden ser de miles de millones de dólares en cada caso y asociadas a las utilidades que se dejarían de recibir por no poder desarrollar las actividades y teniendo en cuenta el potencial importante que el país tiene en esta materia”, explicó Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy.
El analista agregó que no solo perdería el país, sino también los departamentos y municipios ya que se dejarían de recibir millonarios recursos por concepto de regalías, impuestos, dividendos y derechos económicos contractuales.
Datos de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) indican que el fracking le representaría una oportunidad en generar ingresos fiscales por $1,5 billones anuales (solo en regalías US$2.500 millones) y un efecto multiplicador en impuestos locales asociados a la cadena de bienes y servicios.
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“En una coyuntura como la actual, en la que la sostenibilidad fiscal de la Nación no está garantizada, los YNC representan una oportunidad para Colombia para generar los recursos requeridos para financiar los programas del Gobierno Nacional y el desarrollo social de los colombianos”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.
Futuro con cautela
El líder gremial subrayó además, sobre las declaraciones del presidente electo en el sentido que durante su gobierno no se hará uso de la técnica del fracking, que lo más conveniente para el país es que por lo menos se desarrollen los pilotos.
“Es su decisión y cuenta con los instrumentos para ejecutarlo, independiente de que sea o no conveniente. Pero al concluir su gobierno, y salvo una transición inteligente, el país va a estar en una situación muy crítica de reservas lo que podría llevar al siguiente gobierno a querer usar la técnica. Por eso, lo más responsable con la Nación es realizar los dos pilotos, para saber si esa técnica se puede adelantar de manera confiable”, dijo Lloreda.
Por su parte, Inés Elvira Vesga, socia de Holland & Knight Colombia, señaló que si bien ha habido una declaración pública de la designada ministra de Ambiente indicando que no habrá fracking, a la fecha no ha indicado el mecanismo legal para prohibirlo.
“No sabemos si piensa derogar la regulación, si va a terminar los contratos o cómo va a ejecutar su planteamiento. De eso dependerá las acciones que las empresas decidan emprender”, dijo la analista.
Recalcó, que hay contratos firmados actualmente para desarrollar el fracking, pero si se desconocen, existen mecanismos legales tanto en el ordenamiento interno como en el internacional para discutir con el Estado las consecuencias de esa decisión. “No es prudente anticiparse más sin entender el mecanismo jurídico que utilizaría el futuro gobierno”, subrayó.
En el mismo sentido, Nicolás Arboleda, analista en temas de energía para la firma Baker McKenzie, indicó que lo más prudente para el próximo gobierno es respetar los contratos, más cuando en el caso de Drummond, ConocoPhillips y Parex, aún les queda por sortear su trámite de licenciamiento ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
“Para el caso de los dos pilotos (Kalé y Platero) en el Magdalena Medio y que desarrollarán Ecopetrol y ExxonMobil, lo más prudente para el próximo gobierno es que los desarrolle, y quedarse solo en el análisis de los resultados, más cuando este proceso puede durar los cuatro años”, añadió.
El analista Vera coincidió con Arboleda de Baker Mckenzie en señalar que los siete contratos para desarrollo comercial siguen y seguirán condicionados a la obtención de las licencias ambientales respectivas para sus operaciones de exploración y producción.
“Seguramente se incrementarán las obligaciones y estándares a nivel técnico, ambiental y social para el desarrollo de cualquier proyecto de fracking y que se pueden constituir en una “barrera para su avance”, recalcó el analista.
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