Hay leyes que le cuestan plata a Colombia y el nuevo Congreso, que se instalará el 20 de julio, tendrá un papel decisivo en la política fiscal. 

Una investigación del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana destacó un incremento exponencial en el impacto financiero en gastos permanentes y costos transitorios de las normas creadas, en 2024, cuando la cifra total alcanzó su punto máximo histórico: $11,4 billones. 

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La entidad resaltó que cada ley que ordena nuevos programas, subsidios o beneficios puede implicar compromisos presupuestales adicionales y, por tanto, afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

“De hecho, la legislación colombiana exige que los proyectos de ley que ordenan gasto incluyan una estimación de su impacto fiscal y su consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Este requisito busca asegurar que las decisiones legislativas sean compatibles con la capacidad financiera del Estado”, añadió el texto. 

El Observatorio resaltó que, según el MFMP, en 2024 se sancionaron 98 leyes, de las cuales, 49 (50%) no generaron costo fiscal adicional; 32 (32,7%) implicaron un gasto que el Ministerio de Hacienda no pudo estimarlo por falta de información y 17 normas (17,3%) tuvieron un costo fiscal cuantificable.

En promedio, entre 2003 y 2010 el impacto anual se ubicó en alrededor de $2,8 billones. Posteriormente se registraron algunos picos significativos en 2011 ($9 billones) y 2016 ($5,7 billones). Tras varios años con incidencias relativamente bajas, el costo fiscal volvió a crecer y llegó al nivel más alto en 2024. 

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“Cabe resaltar que estos $11,4 billones son solo de las 17 leyes que se pudieron cuantificar, es decir, que las 32 de las que no se obtuvo información no están incorporadas, por lo cual, el costo en 2024 podría ser aún mayor”, precisó la institución.

Según el Observatorio Fiscal, entre los textos aprobados recientemente con mayor impacto fiscal se encuentran reformas institucionales, medidas relacionadas con vivienda y normas que crean nuevos beneficios o incentivos para determinados grupos de la población. 

Aunque muchas de estas iniciativas responden a objetivos legítimos de política pública, también generan rigideces adicionales en el presupuesto. A ese fenómeno se suma la elevada inflexibilidad del gasto, una característica estructural de las finanzas públicas colombianas. 

La institución resaltó que el MFMP contempla que una proporción muy alta del presupuesto está determinada por normas constitucionales o legales que obligan al Estado a realizar determinados gastos: transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), el pago de pensiones, el servicio de la deuda y programas creados por ley. Por lo que más del 85% del gasto del Gobierno tiene un carácter inflexible, lo que limita el margen de maniobra del presupuesto anual. 

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Es vital la independencia 

Para el Observatorio Fiscal de la Javeriana, este problema no es exclusivo de Colombia. Por esta razón, muchos países han creado instituciones fiscales independientes (IFI) encargadas de estimar el costo de las iniciativas legislativas y evaluar su impacto sobre las finanzas públicas. 

“Colombia, de hecho, cuenta en su legislación con una figura institucional orientada a fortalecer el análisis presupuestal del Congreso. La Ley 1985 de 2019 creó la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP) como una unidad técnica encargada de apoyar al Congreso en el análisis del presupuesto público, el seguimiento a la política fiscal y la estimación del impacto presupuestal de las iniciativas legislativas”, indicó. 

La entidad aseguró que la puesta en marcha de esta oficina no representa una carga significativa para el presupuesto público. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda, el costo de funcionamiento de la OATP sería cercano a $3.000 millones anuales. 

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Para dimensionar esta cifra, basta compararla con el presupuesto del Congreso de la República para 2026, que asciende aproximadamente a $1,3 billones. En términos relativos, el funcionamiento de la oficina representaría menos del 0,3% del presupuesto total del Congreso. 

El contraste es aún más evidente si se compara con el costo fiscal de las leyes sancionadas en 2024. Los $10 billones de gasto permanente asociados a estas normas equivalen a más de 3.000 veces el costo estimado de poner en funcionamiento la OATP. 

Así, en un contexto en el que las decisiones legislativas pueden generar compromisos de gasto por varios billones de pesos anuales, fortalecer la capacidad técnica del Congreso para evaluar el impacto fiscal de las leyes se vuelve una condición necesaria para mejorar la gobernanza fiscal.

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