Las empresas y los gremios que las representan están alarmadas por el impuesto temporal al patrimonio líquido igual o superior a 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $10.474 millones, porque las consecuencias serían muy negativas.
El Consejo Gremial expresó que el tributo significará un deterioro económico sin precedentes, porque representa una carga cercana a los $8,3 billones, “que resulta inasumible para el sector productivo, más aún cuando el plazo para su pago no permite a las empresas prepararse adecuadamente”.
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“Muchas empresas no tendrán la liquidez necesaria para cumplir, lo que puede afectar su operación, llevar a cierres y quiebras y poner en riesgo cientos de miles de empleos”, expresó la organización que agrupa a 35 gremios de Colombia.
El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo, sostuvo que el Decreto 0173 de 2026, mediante el cual el Gobierno creó este impuesto en el marco del Estado de Emergencia Económica por las lluvias, tendrá implicaciones económicas relevantes en términos de inversión, confianza y crecimiento.
“Su principal riesgo no radica únicamente en el monto del impuesto, sino en su efecto sobre las decisiones de acumulación de capital y en la señal que envía a los agentes económicos. En territorios como Norte de Santander, donde la inversión es un factor crítico para el desarrollo, esos efectos pueden ampliarse, lo que hace necesario complementar este tipo de medidas con estrategias que garanticen estabilidad y competitividad regional”, agregó Castillo.
Precisó que, en la jurisdicción de la Cámara, 165 empresas aplicarían para este impuesto, es decir, 0,4% del universo total de organizaciones, y 2,2% de las personas jurídicas (se exceptúan 25 por ser del sector salud).
“Realizando un estimado del patrimonio, teniendo la tarifa general del impuesto del 0,5% y del 1,6% para sectores como el financiero y el extractivo, se recaudarían más $36.863 millones, de los cuales el 13,2% lo aportaría el sector carbón”, añadió Sergio Castillo.
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Desincentivo a la inversión
Sergio Castillo enfatizó que la medida desincentiva la inversión, pues, empresas con grandes activos, pero no necesariamente alta liquidez, podrían verse obligadas a reducir reinversión y aplazar proyectos.
“En particular, el hecho de que once empresas del sector carbón, una del sector extractivo y otra del financiero se vean afectadas, profundiza el riesgo de desaceleración económica”, añadió el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio.
Para el presidente de la Corporación de Industriales de la Moda (Corpomoda) de Norte de Santander, Fredy Vargas, la medida del presidente Gustavo Petro es desacertada, porque golpeará aún más la economía.
“Este país necesita competir con incentivos para quien genera empleo y produce. Una empresa genera utilidad, según su ejercicio, y castigarla solo por existir, sin importar su realidad actual, es muy insensato”, manifestó Vargas.
El empresario y representante del sector de las confecciones dijo que se desincentiva la creación de empresas y se afecta la reindustrialización. Insistió que las consecuencias son claras en un país menos competitivo, con mayor informalidad y menor inversión.
De acuerdo con la directora (e) de Contaduría Pública de Uniagraria, María Fernanda Bustos, el no pago de este impuesto genera intereses moratorios diarios, sanciones adicionales, embargos de cuentas o bienes y procesos legales por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
“Un pago incorrecto puede derivar en sanción por inexactitud. En estos casos, es necesario corregir la declaración, asumir los intereses de mora y atender eventuales requerimientos de la DIAN”, aseguró la experta.
Bustos recordó que el 1 de abril vence el plazo para el pago de la primera cuota (50% del tributo) y la segunda deberá cumplirse a más tardar el 4 de mayo.
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El presidente del Centro de Pensamiento Económico ANIF, José Ignacio López, subrayó que este tipo de impuesto es poco común a nivel internacional y, cuando existe, suele ser de baja tarifa y alcance limitado, lo que resalta su carácter excepcional frente a la práctica global.
“Se estima que el recaudo del impuesto rondaría los $6,3 billones, con una alta concentración en sectores como petróleo y financiero, que aportarían la mayor parte del total. Aunque puede fortalecer los ingresos en el corto plazo, este tipo de medidas podría afectar la competitividad del país y profundizar la debilidad de la inversión”, añadió.
Otras consecuencias
El impuesto, según los líderes gremiales, tiene un impacto directo en la liquidez corporativa, al calcularse sobre el patrimonio y no sobre las utilidades, lo que puede obligar a las empresas a usar caja disponible, endeudarse o vender activos para cumplir con la obligación.
Además, de acuerdo con Sergio Castillo, afecta la rentabilidad y la carga tributaria efectiva. Al no ser deducible del impuesto de renta, este tributo se convierte en un costo adicional que reduce la utilidad neta. En la práctica, esto eleva la tasa efectiva de tributación y disminuye los márgenes empresariales.
También hay un efecto en la estructura empresarial y decisiones estratégicas. Algunas empresas pueden optar por reorganizar su patrimonio, ajustar su estructura societaria y trasladar inversiones a otros países.
El presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta afirmó que el sector carbón de Norte de Santander es el que más preocupa, porque enfrenta condiciones adversas previas, como los altos costos logísticos, la dependencia de corredores fronterizos, las restricciones comerciales y una alta carga tributaria.
En conclusión, en el ámbito carbonero se podrá evidenciar una disminución de la inversión en exploración y producción, en la capacidad operativa y en el empleo directo e indirecto.
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