El país cuenta con una nueva metodología tarifaria para el servicio de agua, el cual establece reglas claras en busca de garantizar cobros justos para alrededor de 30 millones de usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado.
El Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Grandes Prestadores fue lanzado ayer por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), adscrita al Ministerio de Vivienda, y resultó de un trabajo en conjunto con esa cartera, los ministerios de Ambiente y Salud, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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La directora de la CRA, Gloria Narváez, explicó que los usuarios verán una disminución en la tarifa de estos servicios, porque las empresas prestaras ya no podrán cobrarles por inversiones que no han entrado en operación.
“El usuario debe tener en cuenta que aquí, como ha habido un criterio diferencial, existe una segmentación; y, de acuerdo con el segmento y las características del territorio, va a estar ubicado en un segmento. Los estándares de cumplimiento también van a depender de esas condiciones socioeconómicas”, afirmó Narváez
La reglamentación se emitió luego de cinco años de evaluación técnica rigurosa y un proceso amplio de revisión pública al que fueron sometidos los estudios técnicos de soporte, el proyecto de resolución y su respectivo documento de trabajo.
“Es un marco que pretende el cierre de brechas, acorde con las necesidades de los territorios”, enfatizó la ministra de Vivienda, Helga Rivas.
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La nueva normativa aplica a prestadores con más de 5.000 suscriptores, principalmente en zonas urbanas, y adopta un esquema regulatorio de carácter diferencial, que articula consideraciones económicas con un enfoque basado en derechos. Además, procura un equilibrio entre la garantía de los estándares asociados al derecho humano al agua y al saneamiento básico, como disponibilidad, accesibilidad, calidad, no discriminación, igualdad y la preservación de la sostenibilidad financiera de los prestadores.
De igual forma, el texto considera de manera explícita los costos asociados a la gestión ambiental, incluyendo el reconocimiento a los prestadores por sus inversiones ambientales obligatorias y adicionales. También orienta el desarrollo del sector en los próximos años y se alinea con una visión de política pública que sitúa a la población vulnerable en el centro de la acción regulatoria.
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Según la CRA, para las alcaldías y gobernaciones, el marco tarifario será en una herramienta clave para fortalecer la planeación sectorial, mejorar la gestión de los servicios públicos y avanzar en el cierre de brechas en cobertura, calidad y continuidad.
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