Aunque la inflación de noviembre mostró una leve desaceleración frente a octubre de 2025, es evidente que el Banco de la República no alcanzará la meta de inflación que se habían trazado para este año en 3%.

Incluso, el grupo de investigaciones económicas de Banco de Bogotá cree que el banco central podría asumir una postura menos flexible en cuanto a la política monetaria el próximo año y ajustes de 25 puntos básicos en el tipo oficial, hoy de 9,25%, a partir de enero son cada vez más cercanos.

La entidad financiera apuntó que la revisión al alza de la política monetaria tendría como fundamento “un crecimiento desbordado de la demanda interna”, presiones inflacionarias por el estancamiento de la misma y los efectos que podría traer consigo un incremento desproporcionado en el salario mínimo de 2026.

En cuanto al primer punto, si bien el consumo interno se ha configurado como uno de los motores del crecimiento económico del país hasta septiembre, su crecimiento en el último trimestre estuvo 1,4 puntos porcentuales por encima del ritmo al que creció la economía en el mismo periodo.

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“El auge de la demanda ha superado la capacidad productiva del país, impulsando las importaciones, en especial las de consumo, generando un deterioro del balance externo. Lo anterior estaría jalonando la inflación, con ejemplos como la inflación de bienes que sube a pesar del debilitamiento del dólar o algunos rubros de servicios que no ceden pese a la menor base de indexación”, explicó Camilo Pérez, director de investigaciones económicas del banco.

La segunda alerta tiene su génesis en la mesa de concertación tripartita del salario mínimo de 2026. Existe una incertidumbre en la decisión de tasas del Emisor en razón de la distancia entre las propuestas de ajuste de los empresarios, de los sindicatos y del Gobierno.

El grupo de investigaciones económicas detalló que un alza de esta naturaleza ejercería las mayores presiones inflacionarias en tanto que, con el ajuste en el salario mínimo más los costos de la puesta en marcha de la reforma laboral, las empresas tendrían que verse obligadas, o a recortar nóminas (lo que impactaría en el desempleo y la informalidad) o a conservar los puestos de trabajo pero trasladar el ajuste a los consumidores finales a través de los precios.

“Enero sería el mes indicado ya que, para esa reunión, el banco central tendrá información plena sobre el ajuste del salario mínimo y su impacto inicial en las expectativas de inflación.

“Los aumentos serían de 25 puntos básicos en enero, marzo y abril, intentando maniobrar la volatilidad por la incertidumbre electoral. Así, desde mayo, las decisiones serían de estabilidad a la espera de buenos datos en inflación o señales de una política fiscal menos expansiva”, concluyó Pérez.

La tasa de interés actual se ubica en 9,25%; el ajuste la ubicaría en 9,5% desde enero.

Tomado de La República 

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