La Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander formuló pliego de cargos contra Miguel Enrique Peñaranda, ex director del Área Metropolitana de Cúcuta, y para Álvaro Luis Álvarez Prado, ex subdirector de Planeación Ordenamiento Territorial e Infraestructura de la misma dependencia,  por presuntas irregularidades contractuales en desarrollo de la ejecución de obras contenidas en un convenio suscrito con la Alcaldía de Cúcuta. 

Según se desprende de la providencia emitida por el Ministerio Público,  la formulación de los cargos contra los dos exfuncionarios obedecen a las inconsistencias encontradas en el proyecto de mejoramiento de la Avenida Kennedy y  la red vial urbana de la ciudad de Cúcuta.

Lo anterior originó una queja del ciudadano Juan Carlos Lobo García,  motivada por los retrasos y las obras inconclusas que se derivaron del proyecto de mejoramiento de la avenida Kennedy, en el norte de la ciudad. Era claro, según las quejas ciudadanas, que en dicho proyecto se habría incurrido en fallas de planeación así como omitido, al parecer, los estudios técnicos de las obras.

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Con auto del 20 de noviembre de 2023 la entidad remitió la queja a la dependencia departamental que ordenó la apertura de una investigación disciplinaria previa sobre las conductas irregulares de los entonces funcionarios.  El 24 de julio de 2024 se profirió auto de apertura de la investigación disciplinaria contra Miguel Peñaranda y Luis Álvaro Álvarez.  

El 18 de febrero se dispuso el cierre de la investigación, otorgando a los procesados la oportunidad de presentar sus alegatos precalificatorios. En estos, solicitaron el archivo del proceso argumentando que las quejas por las que los señalaban no eran ciertas y que, según la defensa, resultaba improcedente considerar como fundamento el estudio realizado por el AMC.

A raíz de esto la Procuraduría determinó que Miguel Peñaranda actuó con negligencia al no cumplir las funciones correspondientes a su cargo, pues omitió los estudios técnicos necesarios previos a la contratación. 

Además, es responsable por firmar el contrato sin verificar que los estudios jurídicos y financieros estuvieran realizados, los cuales son requeridos para determinar la conveniencia o no del objeto por contratar.   Esto resultó en problemas en la ejecución y deficiencias en la red de drenaje que debían haberse abordado antes de iniciar el proyecto.

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Por otra parte, Álvarez, como subdirector, era responsable de realizar los estudios necesarios, su falta de atención afectó el cumplimiento de los objetivos del estado, vulnerando los derechos de los ciudadanos beneficiados por la obra. La Procuraduría añade que su actuar “fue irresponsable pues al no cumplir con los estudios generó gastos adicionales que retrasaron la realización de las obras”. 

La entidad indicó que las faltas cometidas por los acusados son gravísimas y graves y  no podrán apelar a la decisión, sin embargo sí podrán aceptar los cargos para disminuir la severidad de las sanciones, que van desde multas hasta suspensiones temporales de funciones públicas. 

Antecedentes de la obra

El contrato tuvo un valor inicial de $15.000 millones y fue suscrito el 24 de agosto de 2021 durante la administración de Jairo Yáñez, con una duración inicialmente establecida de 4 meses. Dio inicio durante el mismo año, el 21 de septiembre. 
 Sin embargo, fue suspendida solo un mes después porque las obras de acondicionamiento de alcantarillado no correspondían a las necesarias para el sistema, situación que debió ser prevista por los estudios.  

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Se tuvo que hacer una nueva inversión de recursos de más de $55 millones que según el órgano solo fue remitido al  “Estudio para la Evaluación del Estado de las Obra Correspondientes al Contrato N°001 de 2012” sin contar con más razones que justificarán los aumentos en el presupuesto a través de la creación de nuevos puntos no incluidos inicialmente en el contrato. 

La obra fue iniciada nuevamente el 14 de junio de 2022, prácticamente nueve meses después, para ser frenada otra vez solo 22 días después, esta vez por la necesidad de un valor adicional de más de 184 millones para la reconstrucción del alcantarillado pluvial. 

La Opinión buscó a Peñaranda y le hizo reiteradas llamadas a su teléfono celular pero ninguna fue contestada.

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