El traslado de 80 personas privadas de libertad (PPL) desde estaciones de policía de Antioquia a la cárcel de Cúcuta, que estaba programado para esta semana, fue suspendido, y así lo dio a conocer este martes el alcalde Jorge Acevedo, dentro del marco de la presentación de resultados de operaciones policiales en la ciudad. 

“Gracias ministro por no enviarnos a esos delincuentes”, expresó el alcalde, en referencia al llamado que hizo a Luis Eduardo Montealegre, el nuevo jefe de la cartera de Justicia, la semana pasada, en medio de la preocupación que generó la llegada de más privados de libertad al centro penitenciario de la ciudad. 

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En su momento, Acevedo advirtió de los problemas que suponía la llegada de estos presos al centro carcelario, desde donde se sabe que operan algunas estructuras criminales; pero además manifestó su molestia frente a la suspensión del trámite de renovación del convenio interadministrativo que venían adelantando con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para el traslado de sindicados desde las estaciones de policía. 

En tanto, este martes el alcalde de Cúcuta insistió a Montealegre en que lo ayudara a lograr el descongestionamiento de las estaciones de la ciudad, para poder poner al servicio de las personas la vigilancia de la Policía en las calles. 

Ni condenados, ni sindicados 

La Opinión conoció que el Inpec efectivamente suspendió el traslado previsto, por cuenta del hacinamiento de un 74 por ciento que presenta actualmente el establecimiento carcelario de Cúcuta, cuya capacidad máxima es de 2.651 y la existencia al día de hoy es de  3.611, es decir, 960  personas más de lo posible. 

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Sin embargo, así como se pospuso el traslado de privados condenados, el de sindicados vía convenio interadministrativo de 1.000 millones de  pesos, como el que espera suscribir la Alcaldía de Cúcuta, también quedan paralizado hasta nuevo aviso. 

En este sentido, el teniente Henry Mayorga, director de la Regional Oriente del Inpec, señaló que “el convenio está suspendido hasta tanto se evacúen a nivel nacional todos los condenados que aún permanecen en las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI)”, que eran en principio alrededor de 1.300 y de los cuales se han trasladado poco más de la mitad.

En cuanto al tiempo que puede llevar este proceso, resulta incierto, toda vez que, según Mayorga, cada ocho días  se están registrando nuevas condenas, por lo que la población reclusa aumenta cada vez más, lo que genera una alarmante sobreocupación en prácticamente todas las cárceles del país. 

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Sobre los motivos que llevaron a la cancelación del traslado, funcionarios del Inpec en Cúcuta negaron que fuera consecuencia de la oposición manifestada por la administración municipal, sino que se trató “de algo interno”.

“Al Inpec no es que le importe lo que diga el alcalde, porque los condenados son nuestra prioridad, y el municipio puede construir su cárcel de sindicados”, señaló el funcionario. 

Por otra parte, en cuanto a si el impasse que se registró en torno al traslado de PPL pudiera afectar un eventual  convenio interadministrativo con la Alcaldía de Cúcuta, y cerrar de manera definitiva la puerta a esa posibilidad, la fuente indicó que la decisión ya depende de instancias superiores y cualquier orden tendría que ser acatada. 

“De momento debemos preservar la estadía e integridad de los privados que están en el recinto carcelario, donde todavía se siguen presentando otra problemáticas, como la de la prestación del servicio de alimentación, por el incumplimiento de las raciones”, refirió la fuente. 

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