La Ley 2044 del 30 de julio de 2020 llegó a su primer año de promulgación, generando durante este tiempo una gran expectativa para unas 70.000 familias de Cúcuta que ven en ella la posibilidad de legalizar sus predios construidos en asentamientos humanos ilegales.

Esta norma tiene por objeto sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables y los que existan en predios de propiedad legítima a favor de particulares, cuya ocupación o posesión sea mayor de diez años y cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley. 

Sin embargo, hay caras largas y cierta desazón entre quienes serían beneficiarios y en aquellos dirigentes comunales de diferentes sectores de Cúcuta, que han estado organizando a sus comunidades para lo que será la implementación tras la reglamentación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de la ley mediante la cual más de tres millones de familias en Colombia podrán ser propietarios legítimos de los predios que han ocupado por años, sin una escritura que los respalde. 

El senador Andrés Cristo, que fue el ponente de la Ley 2044 en el Congreso de la República, dijo en su momento que esta norma, sancionada por el presidente Iván Duque, fue concebida para ponerle fin a un ‘cáncer’ que tienen todas las ciudades en Colombia, con municipios donde el recaudo del impuesto predial es escaso por existir demasiados bienes baldíos, bienes fiscales y aquellos que son de propietarios pero no tienen la posesión, y no hay cómo cobrarles el predial, y en segundo término está la gente que posee el predio, sin tener un derecho de propiedad.

No hay avance 

La concejal de Cúcuta, Carime Rodríguez, dijo que se ha avanzado, aunque muy tímidamente, porque el municipio en el primer año dejó un presupuesto de $400 millones para iniciar con la implementación, pero sin embargo hay todavía mucho camino por recorrer en este tema, donde “ya deberíamos conocer el inventario de las viviendas que tienen la probabilidad de que se legalicen”. 

Explicó que a partir del julio del año pasado que fue sancionada, el Gobierno Nacional tenía  seis meses para la reglamentación y a la fecha ya existe. La tarea en adelante le corresponde a cada municipio, definiendo cómo lo va a hacer, dijo Rodríguez. 

“El alcalde debe incorporar unos recursos valiosos en el presupuesto para 2022, porque de lo contrario vamos a seguir con pañitos de agua tibia, ante una gran problemática, y si la administración logra sacar adelante esta política pública dejaría una buena huella, porque en esta ciudad donde los estratos 1 y 2 en su mayoría habitan predios de manera ilegal, sería el alcalde que legalizó la tierra en Cúcuta”, según la concejal.

Tierra de particulares

El dirigente cívico de Atalaya Aníbal Mojica dijo que a un año de sancionada la Ley la implementación no arranca, pese a que en la ciudad hay más de 70.000 predios que se requiere legalizar, la mayoría levantados sobre terrenos de particulares, con un tiempo de posesión de entre 10 y 60 años. 

“Solo se sabe que se están consolidando proceso de legalización de predios dónde la tierra es propiedad del municipio y que también se trabaja en legalizar varios globos de tierra de propiedades fiscales que pasarán a favor de la municipalidad, pero a un año de la promulgación de Ley 2044 ni se habla que exista esta norma y que está reglamentada”.

Las comunas que más tienen esa problemática son la 3, 6, 7, 8, 9 y 10, donde los terrenos son propiedad de varios particulares. En Cúcuta hay 140  asentamientos humanos consolidados y precarios aproximadamente, levantados en terrenos de particulares que requieren ser elevados a barrio y legalizar la tenencia de la tierra, según Mojica.

Ejecución de la norma

Santiago Medina, asesor de la ONG Territorium, dijo que en el municipio sobre la implementación de la ley no se ha hecho mayor cosa, al menos de tipo normativo y presupuestal, que es como se imparte la ejecución de una norma de esa naturaleza, sin que se conozca de un decreto, una resolución o de la adecuación del municipio para afrontar el proceso de desarrollo de la 2044.

“Se ha conocido que la meta de la administración es legalizar 700 predios fiscales, pero son aquellos que la nación le va a dar al municipio, que los va a legalizar, entre ellos los mercados de Guaimaral y de Claret, entre otros”, explicó.

En el tema de la ley que habla de legalizar predios privados ocupados hace más de 30 y 40 años, no hay un solo diseño de política pública para afrontar ese desarrollo normativo.

Explicó que esta ley, que cumple un año desde su promulgación, puede causar un impacto grande en la ciudadanía al hacer propietarios a los ciudadanos, pero también puede causar un impacto grande en las finanzas de los municipios al tenerlos legalizados, porque hoy por ejemplo el municipio de Cúcuta no sabe ni cuántos predios existen por legalizar. 

“Un tema vital es que muchos privados quieren ceder las propiedades de tierras ocupadas hace varias décadas, pero el municipio tampoco se las recibe, entonces esto es una clara falta de voluntad de los entes territoriales para implementar la norma”, puntualizó.

Dispuestos a negociar

Jeferson González, edil y presidente de la Junta Administradora Local (JAL) de la Comuna 7, dijo que respecto a la implementación de la Ley 2044 en el municipio ha sido poco el avance, solo algunas reuniones que se han cumplido jalonadas por líderes cívicos, para organizar a las comunidades y poder buscar la legalización de esos predios que están en asentamientos humanos ilegales en la localidad, cuyos poseedores están dispuestos a negociar para legalizarlos.

“Nosotros como dirigentes comunales hemos hecho los requerimientos necesarios y por medio de derechos de petición se ha solicitado la implementación de la ley, además de sostener algunas reuniones con la Alcaldía, sin logar concretar nada hasta el momento, porque la mayoría de los  terrenos son de personas y entidades privadas, siendo esa la limitante que se tiene para implementar la ley”. 

Lo que dice la ley

Es obligación de los municipios y distritos iniciar los procesos de legalización y regularización urbanística de los asentamientos humanos, que permitan reconocerlos como barrios legalmente constituidos. 

La presente ley solo aplicará para aquellos asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables, y los que existan en predios de propiedad legítima a favor de particulares cuando puedan demostrar la posesión por un tiempo mayor a 10 años a la entrada en vigencia de la presente ley, y no aplicará para nuevos asentamientos humanos ilegales consolidados, ni asentamientos humanos ilegales precarios.

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