Desde hace 12 años, los habitantes del barrio Magdalena en Cúcuta han convivido con el temor y la inseguridad generada por un espacio que la comunidad ha denominado “una sede del Bronx”. Este terreno, ubicado en la avenida 20 con calle 22 y colindante con el barrio Santander, quedó en abandono tras la demolición de varias viviendas durante la administración del exalcalde César Rojas.
La medida, tomada con el argumento de erradicar el microtráfico, ha tenido consecuencias adversas para la comunidad, convirtiéndose en un foco de delincuencia y deterioro.
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La demolición generó posturas divididas entre los antiguos propietarios. Mientras algunos apoyaron la medida en su momento, otros argumentaron que sus derechos fueron vulnerados. Entre ellos está Álvaro Sarmiento, conocido como ‘El Loco Álvaro’, quien es uno de los dueños del terreno. Según él, parte de esa propiedad es herencia por parte de sus padres y, pese al tiempo transcurrido, todavía quedan escombros y paredes que formaban parte de las construcciones originales.
“Espero que la Alcaldía intervenga y nos responda por lo que nos hicieron. Nos destruyeron nuestras casas violando nuestros derechos”, manifestó Sarmiento.
Un foco de insalubridad
El problema va más allá de la disputa por la propiedad que tiene una extensión de 2 mil metros cuadrados. El terreno se ha convertido en refugio para habitantes de calle, quienes han instalado carpas improvisadas entre montones de basura, generando condiciones insalubres para la comunidad y para ellos mismos. La acumulación de desperdicios y la quema de basura son algunas de las quejas constantes de los vecinos, quienes denuncian que el humo de estas quemas invade sus viviendas durante la noche, provocando olores nauseabundos y afectaciones en la salud de todos los que viven allí.
Un peligro para la comunidad
La inseguridad en la zona se ha intensificado en los últimos años. Douglas Ochoa, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Magdalena, advirtió que la situación es crítica: “Se han encontrado cuerpos, se han registrado atracos, e incluso los niños que pasan por allí para ir a la escuela han sido víctimas de robos. No es fácil vivir así”, denunció.
Según testimonios de los vecinos, los habitantes de calle no solo han invadido el terreno, sino que también han ingresado a las viviendas a través de los patios para robar objetos, agua e incluso animales domésticos. “Uno ya no puede ni dejar la ropa tendida porque desaparece. Hasta las tapas de los contadores de agua se las han llevado”, contó un afectado.
La preocupación también ha sido manifestada por los propietarios de los terrenos baldíos, quienes aseguran que, a diferencia de administraciones anteriores donde se realizaban operativos de limpieza y seguridad con regularidad, en la actualidad la presencia policial es escasa. “Antes venían cada ocho días a hacer requisas y limpieza, pero ahora ni los mismos policías pueden entrar porque también estarían en peligro”, señaló Víctor Sarmiento, uno de los herederos del predio.
Exigen soluciones
Ante la creciente preocupación, la comunidad ha intensificado sus exigencias a la Administración Municipal. El pasado jueves 27 de febrero, en una reunión realizada en el terreno en cuestión, estuvieron presentes autoridades policiales y militares, el subsecretario de Concertación Ciudadana, presidentes de las Juntas de Acción Comunal, concejales, propietarios y vecinos afectados. Los líderes comunales anunciaron que se tomarán medidas más drásticas si no se recibe una respuesta concreta por parte de la Alcaldía. “Si no tenemos soluciones, tomaremos acciones diferentes. Vamos a cerrar la vía y buscar mecanismos legales para proteger nuestro sector”, afirmó uno de los voceros de la comunidad.
Por su parte, Jackson Fernández Torres, delegado de la Subsecretaría de Concertación Ciudadana, aseguró que la administración del alcalde Jorge Acevedo está comprometida con encontrar una solución definitiva para este problema de larga data. “Queremos iniciar mesas técnicas de trabajo junto a los concejales para establecer planes de intervención concretos”, explicó.
Así mismo, el subsecretario de Gobierno, Santiago Burbano, explicó que el terreno es de propiedad privada, lo que complica la intervención de la Alcaldía. Sin embargo, señaló que han explorado alternativas, incluyendo la posibilidad de que la administración pueda realizar una inversión para el cerramiento del terreno con la autorización del Concejo Municipal. “El propietario ha manifestado que no tiene intención de vender el terreno, y la ley establece que al ser un predio privado, corresponde a los propietarios custodiar su propiedad. Sin embargo, estamos buscando una solución para mejorar la situación”, indicó Burbano.
Pese a las dificultades legales, el Gobierno Municipal ha mostrado disposición para intervenir, aunque las soluciones no serán inmediatas. Según Burbano, se ha acordado que, en los próximos días, se llevará a cabo una reunión con las autoridades correspondientes para coordinar acciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad y salubridad en el sector.
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Medidas a implementar
Entre las posibles soluciones, se plantea la instalación de iluminación y cámaras de seguridad en el sector para reducir los niveles de delincuencia. Además, se está evaluando la posibilidad de una intervención social con el apoyo de Bienestar Social de la Alcaldía, la Secretaría de Gobierno y la empresa de servicios públicos Veolia para atender a la población en situación de calle que ocupa el terreno.
Adicionalmente, los vecinos han sugerido que el predio sea convertido en un parque o un centro comunitario, con el objetivo de recuperar el espacio para el uso de la comunidad y evitar que vuelva a ser ocupado por la delincuencia. “Si este terreno se convierte en algo útil para la gente, el problema de inseguridad se reduciría considerablemente”, propuso un residente.
El problema del lote baldío en el barrio Magdalena no solo afecta la seguridad, sino que también tiene repercusiones en el desarrollo económico de la zona. La falta de una solución genera la depreciación de las viviendas y la reducción de inversiones en la comunidad. “Nadie quiere comprar aquí, las propiedades han perdido valor y la gente tiene miedo de salir de sus casas”, indicó un residente.
Las afectaciones también se reflejan en el comercio local, han experimentado disminución en sus clientes. “Antes teníamos más flujo de personas, ahora la gente evita pasar por aquí. Nos afecta a todos”, señaló el propietario de una tienda cercana.
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