Hoy, 11 de noviembre de 2021, se cumple un año desde la que Superintendencia de Sociedades decidió dar por terminado el proceso de reorganización empresarial del Cúcuta Deportivo, al este no llegar acuerdos con sus acreedores, entre ellos la Alcaldía de Cúcuta y el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD). 

El hecho fue apoyado por un sector de la hinchada, cansados de los constantes incumplimientos del expresidente José Augusto Cadena quien además de incumplir al proceso, lo hacía también con sus compromisos laborales, según denunciaron públicamente los jugadores que tuvo a cargo y como lo pudo constatar el Ministerio del Deporte, que por esa razón decidió suspender el reconocimiento deportivo el 29 de octubre de 2020. 

Recuerde: El tortuoso camino del Cúcuta en la audiencia que decretó la liquidación judicial

La actualidad del rojinegro es compleja. Tras la entrada al proceso de liquidación judicial, la Dimayor le impidió disputar los juegos programados para los días siguientes y finalmente el 25 de noviembre tomó la decisión de desafiliarlo de la organización, negando el desarrollo y explotación de su objeto social. 

La audiencia que se desarrolló hace un año, tuvo cuatro previas en las que a Cadena se le otorgaron prorrogas que incumplió, incluso a pesar de tener garantes como el expresidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez. 

El incumplimiento central fue con la Alcaldía e IMRD, deudas que su momento ascendían por 595 y 1.029 millones de pesos respectivamente correspondientes a impuestos. 

Aunque el expresidente intentó buscar un adelanto de 1.500 millones de pesos provenientes de la Dimayor, este fue sometido a votación y de 36 clubes, 2 se opusieron impidiendo que se diera el desembolso. 

Conozca: El historial de la audiencia de incumplimiento del Cúcuta

Aquel miércoles, la anterior administración pudo llegar a acuerdos con jugadores, ICBF, promotoras de Finca Raíz, Colpensiones, la DIAN, la misma Superintendencia de Sociedades, pero no pudo hacerlo con los entes de la ciudad, quienes en el transcurso de la audiencia pidieron un pagaré firmado por Ramón Jesurún, presidente de la FCF. 

Tras dicha negativa, Juan Carlos Paredes, abogado que representó a Cadena, interpuso el recurso de reposición alegando que la Dimayor haría una asamblea la próxima semana para concretar el adelanto. 

Sin embargo, ambos acreedores rechazaron el recurso por los antecedentes de incumplimiento, y la Supersociedades, por intermedio de la delegada Ayda Jaimes Rueda, determinó darle fin al acuerdo de reorganización empresarial (en el que Cúcuta estuvo inmerso de 2013) y dar apertura a liquidación judicial según lo indicado en la Ley de insolvencia.

¿Qué ha pasado desde entonces?

La Supersociedades nombró como gerente liquidador al jurista Arturo Acosta Villaveces, quien asumió la dirección de la empresa. Desafortunadamente y a pesar de tener autorización por parte de la Superintendencia para explotar el objeto social, la Dimayor desafilió al club el 25 de noviembre impidiéndole percibir recursos para que este empezara a pagar a los distintos acreedores. 

Además, los abogados Édgar Cortés e Iván Acuña Arrieta interpusieron tutelas para tumbar el proceso de liquidación, hecho que fue negado por los distintos tribunales en el primer trimestre del año. 

Acosta Villaveces se ha encontrado con falta de información contable del club, hecho que le ha impedido hacer un evalúo total de las deudas y valoración económica de la institución rojinegra.  

Por esta razón, el liquidador pidió sanciones a Cadena quien no ha presentado toda la información situación que llevó a que la Supersociedades ordenara a Acosta a “reconstruir la información financiera faltante con los documentos soportes con que cuente la compañía o con copia de los mismos que reposen en poder de terceros”.

Asimismo, como grandes rasgos, logró que la Superintendencia ordenara el embargo y secuestre de los bienes del club ante Dimayor, entre ellos el derecho de afiliación (ficha), que la entidad no quiere reconocer. 

Acosta dio a conocer del mismo modo que el Cúcuta Deportivo, desde el 2015, percibió, gracias a ser un afiliado de la Dimayor, un monto que ondea los 21 mil millones de pesos, argumento con el que peleó que la ficha si tiene un valor para las arcas del rojinegro. 

Frente al caso de los inmuebles de la institución, entre ellos tres lotes que alguna vez ofreció Cadena como parte de pago a la Alcaldía e IMRD, se encuentran en proceso de embargo y secuestre.

Estos terrenos, según consta en oficios de la Supersociedades están ubicados en: Valle de la Paz (finca El Espinal, en El Rodeo), San Faustino (predio El Peñón Santa Cecilia) y otro más en el corregimiento Pan de Azúcar del municipio de El Zulia, sobre la vereda el Alto de la Alejandra. 

El problema frente a estos terrenos es que los mismos están invadidos. 

Ante toda la situación, Acosta Villaveces no ha podido empezar a cancelar las acreencias del club a sus distintos acreedores.

La espera central e ilusión de los hinchas es que la institución pueda ser afiliada nuevamente al profesionalismo para que con los dineros percibidos por todo lo que significaría estar actuando pueda aportar a la masa liquidatoria y en un futuro pensar en una empresa sana que pueda dar gloria deportiva nuevamente. 

Vale la pena recordar que el Cúcuta espera que el Ministerio del Deporte active su reconocimiento deportivo tras haber pagado las deudas que llevaron a la suspensión del mismo y levantarse su sanción el pasado julio. 

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