En una jornada histórica para el Cúcuta Deportivo, el miércoles, la Superintendencia de Sociedades ordenó el fin del proceso de reorganización empresarial y dio apertura a la liquidación judicial de la institución deportiva.
Este hecho se da por el incumplimiento en el pago de las acreencias vencidas al Instituto Municipal para la Recreación y Deporte (IMRD) y a la Alcaldía de Cúcuta en el marco de la reorganización empresarial, en la que se encontraba el club desde 2013.
Crónica de una muerte anunciada
La audiencia, que era la cuarta en el año, a primera vista parecía ser la crónica de una muerte anunciada, puesto que la institución futbolera no le había cumplido a sus acreedores y llegaba nuevamente buscando más prorrogas, que por antecedentes, no iban a ser concedidas.
El primer acreedor en reafirmar un incumplimiento fue Colpensiones, quien señaló que el Cúcuta tenía una deuda real de $1.207.000 y una deuda presunta de $25 millones.
Sobre este caso, Juan Carlos Paredes, representante del club motilón, dijo que la deuda real sería pagada durante el día.
A Colpensiones le siguió la DIAN, que advirtió que no se había efectuado el pago ni existía el ofrecimiento de una garantía por la deuda en concepto de retenciones de 280 millones y 400 millones de atrasos por cuotas del acuerdo.
Con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el club acordó, en ese momento, pagar $150 millones el 23 de noviembre y quedaría por cancelar otros 530 millones, el 11 de diciembre.
Al continuar la diligencia, la delegada de la Supersociedades, Ayda Jaimes Rueda, llegó al caso de incumplimiento laboral con los exjugadores rojinegros Braynner García, James Castro, Diego Chica, Henry Obando, Mateo Cardona, Freddy Hinestroza, Jhonny da Silva, Carmelo Valencia y Javier López.
Sobre este punto, el club hizo llegar unos soportes de pago de los primeros a los siete futbolistas, el 20 de septiembre.
Eduardo Ramírez, apoderado de los jugadores, denunció nuevamente que en el equipo se presenta la doble contratación y que dichos documentos hacían referencia al contrato más bajo.
“La sociedad concursada tiene un engranaje para incumplir sus obligaciones laborales. Tiene una costumbre repetitiva, con la firma de la doble contratación. Cancela los saldos insolutos del contrato de trabajo, que por regla general ascienden a un millón de pesos”, expresó Ramírez.
Además, hizo mención de que “el Cúcuta presenta esta modalidad de contratación que defrauda los derechos laborales y que ya hay una demanda ordinaria laboral sobre el tema”.
En referencia a los dos jugadores restantes (Carmelo Valencia y Javier López), el jurista afirmó que al primero se le adeudan $53 millones y al segundo un total de $40 millones.
Paredes salió en su defensa junto con el departamento contable del club, alegando tener otras cifras y que podría pagar $36 millones a Valencia y $16 millones a López.
El viacrucis siguió con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien pidió el pago de $2’070.791 por parafiscales, los cuales acordaron pagar en la jornada.
En continuación, el turno llegó para el IMRD, que aseguró por medio del apoderado Misael Zambrano y del director Oscar Montes Ararat, que la deuda vencida estaba por los $1.029 millones al 31 de septiembre de este año.
El Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte subrayó que el Cúcuta no se había acercado a pagar esos compromisos.
Frente a esto, Juan Carlos Paredes salió a decir que estaba en proceso el adelanto de $1.500 millones de la Dimayor, por derechos de televisión, y que con ese dinero se pagaría la deuda.
El representante de la escuadra fronteriza dijo en la audiencia que igualmente estaban a la espera de que en el Concejo de Cúcuta se aprobaran los alivios tributarios del Decreto 0149 de 2020, que la Corte Constitucional declaró inexequibles.
Vale la pena recordar, que al rojinegro le declararon improcedente una tutela en la que reclamaba el derecho a la igualdad y en la que de fondo se buscaba que se le fuera incluido en los descuentos.
A esta oferta de esperar los dineros de la Dimayor, el IMRD exigió una garantía real que diera certeza del cumplimiento, por ejemplo, que la Dimayor desembolsara el pago directamente al IMRD.
El presidente José Augusto Cadena afirmó que se iba a dirigir a la Dimayor para que los dineros llegaran directamente al IMRD, como se estaba planteando.
Sin embargo, el instituto insistió en que si no se presentaba una garantía real, se debería continuar con la audiencia.
Por su parte, la Alcaldía de Cúcuta llegó con su pedido del pago de $545 millones de la deuda vencida.
En ese momento, la delegada de la administración municipal, Marcela Rodríguez, reveló que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) le había enviado una carta al alcalde Jairo Yáñez, solicitándole que aplazara la audiencia.
A razón de esto, Yáñez pidió como garantía un pagaré firmado por Ramón Jesurún, presidente de la FCF donde se avalara el pago de la deuda antes del lunes. A esta solicitud se unió el IMRD.
“Con la firma de la Dimayor no aceptaría, ya que existe el antecedente de incumplimiento”, dijo Yáñez.
Durante la diligencia, Edwin Del Castillo, ex entrenador de las divisiones menores del club, notificó deudas laborales por $27’644.000, reclamando su pago inmediato.
“Los trabajadores de divisiones menores no tienen contrato, les adeudan salarios. Me permito solicitarle se impongan sanciones o multas sucesivas, puesto que los incumplimientos son reiterados”, señaló. La delegada de la Superintendencia de Sociedades notificó que compulsaría copias al Ministerio del Trabajo.
Los otros acreedores fueron el exjugador Damián Malrechauffe, de quien se demostraron soportes de pago, la Promotora de finca raíz ($7’200.000) y a la misma Supersociedades.
En consecuencia a la solicitud de los acreedores y lo pactado, la delegada ordenó una suspensión de cuatro horas para que el Cúcuta llegara con “los pagos indicados a Javier López, Carmelo Valencia, el ICBF, Promotora de finca raíz, a la Superintendencia de Sociedades, a Colpensiones y a Edwin Del Castillo y que se suscriban los documentos requeridos por la Alcaldía de Cúcuta y el IMRD”.
Los incumplimientos lo llevaron al abismo
Al reanudarse la audiencia, el Cúcuta Deportivo mostró los comprobantes de pago a López, Valencia, ICBF, Promotora de finca raíz y a Edwin Del Castillo. Mientras que con la Supersociedades y Colpensiones quedaron en trámite, sin impedimento de los acreedores.
El punto álgido del asunto llegó cuando el IMRD y la Alcaldía de Cúcuta afirmaron que no hubo un acercamiento con el club ni se había normalizado la deuda.
En medio del receso, la Dimayor envió una carta a la Supersociedades en donde anunciaba que el adelanto de los derechos de televisión estaba en trámite, porque faltaba la aprobación de dos de los 36 presidentes de los clubes afiliados.
La División Mayor del Fútbol Colombiano precisó en el documento que no lograrse la totalidad de apoyos, se iba a efectuar una asamblea la próxima semana, para someter a votación este salvavidas al Cúcuta.
En cuanto al pagaré pedido como garantía por el alcalde Yáñez, no resultó viable en el sentido de que la FCF no es responsable de los dineros a cargo de la Dimayor.
Por ello, tanto el IMRD como la Alcaldía pidieron que se procediera conforme a la ley.
Una nueva era
La delegada, anunciando que no podía dar más prorrogas debido a que esta era la cuarta audiencia en el año, tomó la decisión de decretar el incumplimiento del acuerdo de reorganización y declarar la terminación del mismo. De la igual manera, decretó la apertura del proceso de liquidación judicial del Cúcuta Deportivo.
Tras el anuncio, Juan Carlos Paredes en representación del conjunto cucuteño, en reposición alegó que la próxima semana podían efectuarse los pagos con el adelanto de la Dimayor.
Sin embargo, ambos acreedores (la Alcaldía y el IMRD) alegaron su rechazo en contra del recurso interpuesto y posterior a esto la Supersociedades confirmó y dejó en firme el fallo.
Ahora, la Superintendencia delegará a un liquidador auxiliar de la justicia quien llegará a administrar la institución rojinegra para empezar a pagar las acreencias, advirtiendo que los administradores, asociados y controlantes, a partir de la expedición del auto, están imposibilitados para efectuar operaciones en desarrollo de su actividad comercial.
En el auto leído por la delegada Jaimes, también se decreta el embargo y secuestro de los bienes, haberes y derechos, propiedad de la sociedad susceptible de embargo; y que los deudores del Cúcuta solo podrán hacer los pagos al gerente liquidador, entre otros detalles judiciales.
La apertura de este proceso produce la cesación de funciones de los administradores actuales del club, es decir que Cadena ya no tiene potestad sobre el Cúcuta.
Aunque esta decisión no implica obligatoriamente que el equipo deje de jugar, la posibilidad se hace latente puesto que, paralelamente, el conjunto tiene suspendido su reconocimiento deportivo luego de incumplir los pagos laborales entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019, según lo comprobó el Ministerio del Deporte.
Por calendario, el motilón que es dirigido por David Suárez, enfrentaría hoy, en Armenia, al América de Cali.
La dirigencia fue culpable
“Hemos sido testigos de unos procesos administrativos que, en algún sentido, alegraron por épocas la actitud de la ciudadanía a raíz de los resultados de nuestro equipo, el Cúcuta Deportivo, pero el tiempo ha venido pasando y las frustraciones fueron creciendo, generando una serie de inconsistencias”, expresó el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez.
“Tomamos la decisión de tener una postura férrea ante los embates de aquellos enemigos del fútbol, del Cúcuta Deportivo, que era su misma dirigencia, y tomamos la decisión de hacer valer y seguir adelante con el proceso de liquidación del equipo”, afirmó el director del IMRD, Oscar Montes Ararat.
