El gobierno nacional presentó su reforma política esta semana, que se suma a varios proyectos propuestos por distintas bancadas. Seguramente se acumularán y ya se anuncia el inicio de los debates en la Comisión Primera de Senado. Ojalá para esta iniciativa funcione la coalición de gobierno y se logre su aprobación que es urgente y cumple además con uno de los compromisos fundamentales del acuerdo del Teatro Colón, que el legislativo se negó a tramitar al final del gobierno Santos y en la administración Duque ni siquiera se intentó.
El proyecto del gobierno es un buen texto que recoge varias de las conclusiones de la Misión Electoral y añade otras ideas que van en la dirección correcta. Con toda seguridad en los debates congresionales se podrán buscar consensos para enriquecerlo, incluso con la oposición del CD. La necesidad de la reforma política no la discute nadie, no solo por cuenta de los compromisos del acuerdo de paz. El sistema político colapsó hace tiempo y hoy asistimos a la decadencia de los partidos, expresada recientemente en forma dramática con la decisión del partido Conservador de apoyar el gobierno de izquierda de Gustavo Petro. Los colombianos no se sienten hoy representados por los actuales partidos y mucho menos por el Congreso. La imagen de las instituciones está en su peor nivel y los graves escándalos de corrupción de los últimos años como los del OCAD Paz o los 70.000 millones que se robaron del internet para los niños, generan desconfianza en la ciudadanía.
Lamentablemente son muchos los colombianos que hoy piensan en forma equivocada que las reformas políticas son solo asunto de los políticos. No son taquilleras desde el punto de vista electoral, como si sucede por ejemplo con las reformas a la salud o ambientales. Debemos comprender como sociedad que si no somos capaces de mejorar el sistema político y hacerlo más trasparente, jamás recuperaremos la legitimidad de las instituciones y será imposible construir un estado que funcione para la gente, que sea eficaz. No podremos resolver los gravísimos problemas de violencia, pobreza y desigualdad, mientras el poder político se conforme de la manera como hoy se hace. El estado no es sino el reflejo de la política que tenemos.
Cuando con toda tranquilidad se habla de campañas de Senado que cuestan mas de 10.000 millones de pesos o de gobernaciones y alcaldías que superan esas cifras, es imposible pensar en una lucha real contra los corruptos. El problema no está, entonces, en más estatutos anticorrupción o consultas contra la corrupción. Por ello, es esencial que las mayorías acompañen en el proyecto del gobierno las medidas de eliminar el voto preferente y asegurar la financiación estatal de las campañas. Son la columna vertebral de la iniciativa.
Faltan temas por tratar en la reforma del gobierno, que se plantearon en otros textos y que vale la pena discutir. La inclusión, por ejemplo, de un profundo cambio a la autoridad electoral en Colombia, que contemple la creación de un organismo independiente, autónomo y con dientes suficientes para investigar y sancionar la corrupción electoral. Si no lo hacemos, la reforma quedará coja. También es oportuno abrir el debate sobre el sistema mixto con circunscripciones uninominales, que desde hace tiempo lidera el ex senador John Sudarsky. Y finalmente, discusiones que nunca faltan cuando se trata de reformas políticas, como la de la conveniencia o no de mantener la circunscripción nacional para Senado, una figura exótica que solo existe en Colombia y que acompañada del voto preferente encareció en forma grotesca las campañas. Y por qué no, pensar en la posibilidad de establecer el voto obligatorio, al menos por dos elecciones consecutivas, con el fin de fortalecer la participación ciudadana libre e independiente.
Bienvenida entonces la propuesta gubernamental que abre un debate mucho más importante para el país de lo que muchos creen. Muy bueno que el gobierno así lo haya entendido. Ahora se requiere una discusión seria y profunda en toda la sociedad. No es un tema solo de los políticos, nos incumbe a todos.
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