Los reiterados delitos cometidos por soldados contra niñas de diversas comunidades producen irritación por lo atroz de su forma, y por tratarse de miembros del Ejército Nacional que está llamado a proteger a los ciudadanos. Nada más repudiable que usar la investidura y las armas para ultrajar a otros seres humanos.
Pero, es necesario hacer algunas precisiones. Sea lo primero advertir que el comportamiento inadmisible de unos militares no puede conducir al desprestigio de toda una institución que ha servido a Colombia a lo largo de su historia, y, especialmente, en los últimos tiempos en que ha tenido que combatir a los más peligrosos delincuentes, casi todos dedicados al narcotráfico y al despojo de los ciudadanos.
El Ejército de Colombia cuenta con 230.000 soldados activos y cerca de 500.000 reservistas, dispersados a lo largo y ancho del territorio nacional, compuesto de hombres y mujeres provenientes de todas las regiones y pertenecientes a todas las clases sociales. Se puede afirmar, por tanto, que en él está representada toda la nación y, por ello, es preciso profundizar en el grave fenómeno del abuso a niños inermes por parte de militares.
Se necesita reflexionar sobre la conducta de los ciudadanos, en general, relacionada con este fenómeno, porque en el entorno más cercano de las víctimas es donde se presenta la mayor parte de los delitos sexuales.
En la edición de El Tiempo del 6 de enero de 2019 se lee esta aterradora información: “La vivienda familiar es el lugar donde más se cometen estos crímenes, 18.000 en 2018, seguido de la calle (1.830) y las instituciones educativas (733). Como apunta Luis Prada, médico forense con más de dos décadas de experiencia en este tipo de delitos, “el abuso sexual en Colombia es una cosa familiar. Existe un problema de psicopatología dentro de las familias, porque son las que omiten la agresión. Tenemos que entender que estos delitos no pertenecen al ámbito familiar, sino que es un problema público”.
Con esto quiero resaltar que Colombia está sufriendo una descomposición asombrosa, que se manifiesta en la comisión de todo género de delitos por funcionarios públicos y por ciudadanos comunes con una enorme impunidad de la administración de justicia, y una permisividad negligente de toda la sociedad.
Sin que pretenda exculpar de manera alguna a los soldados que han asumido conductas delictivas, no se puede dejar a un lado que ellos, probablemente, provienen de familias en las que la moral se ha relajado por la falta de educación, por el mal ejemplo de las autoridades, y por la depravación del entorno en el que han crecido.
Pero, también, es inadmisible que se aprovechen estos desafortunados episodios para estigmatizar al Ejército Colombiano como una entidad pervertida, con la intención política de socavar las bases de las instituciones nacionales para proponer un nuevo sistema fundado en sus ruinas. Y, lamentablemente, por el afán de dar las “chivas” noticiosas, muchos medios de comunicación se convierten en colaboradores inconscientes (o no tanto) de los promotores de esas campañas.
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