La muerte de Miguel Uribe Turbay, vilmente asesinado en Bogotá, ha conmovido a Colombia, no solamente por su condición de senador y precandidato presidencial sino por la forma cobarde y traicionera como fue atacado, durante un evento político, por conducto de un sicario menor de edad. Todo aconteció en el curso de un plan fríamente premeditado y calculado, con vinculación de otras varias personas, coordinadas entre ellas para perpetrar el crimen, como se ha ido informando en el curso de la investigación.

Duele un doloroso antecedente: el narcotráfico asesinó a su señora madre Diana Turbay, cuando Miguel contaba apenas cinco años. Hoy deja un hijo de cuatro años.

Reciban sus familiares y allegados un respetuoso saludo de condolencia. Que descanse en paz, tras una prometedora carrera política en cuyo desarrollo hizo formidables llamados a la paz y al cese de los ataques a la vida, la integridad y la libertad de muchos colombianos en distintas regiones.

El crimen no puede quedar en impunidad. La Fiscalía General de la Nación ha venido avanzando, desde el día del atentado, en la investigación, ha efectuado varias capturas, ha decretado y examinado pruebas y ha recibido testimonios. Lo que todos esperamos es que el proceso continúe con celeridad y profundidad, y que culmine con el hallazgo y la condigna sanción a todos los responsables, no solamente a los autores materiales –como el sicario que disparó con indescriptible frialdad– sino a los determinadores, sean quienes sean.

Hay mucho dolor y tristeza. Pero, más allá de eso, en el país se tiene que reflexionar. No puede continuar la polarización política a la que nos hemos referido varias veces y que ha causado mucho daño, más que a la actividad política, a toda la sociedad. No puede seguir el mutuo discurso político de animadversión y rencor entre posiciones ideológicas extremas, ni la calumnia, la ofensa y la amenaza que, en discursos, arengas y redes sociales –queriendo o sin querer–, estimulan la violencia.

En una democracia como la colombiana hay –afortunadamente– libertad de opinión, pensamiento y expresión. Todos gozamos de esa garantía, que nos permite formar el criterio propio y configurar la particular tendencia de personas, grupos, partidos y organizaciones en el terreno ideológico, político, económico y social. Pero esa libertad no puede ser usada para generar intolerancia, confrontación, persecución al contrario, mutuo descrédito y descalificación, hasta el extremo de llamar al ataque armado y a la muerte, por no pensar de la misma manera.

Cada uno tiene derecho a sus ideas y orientación, pero, como dice el artículo 95 de la Constitución, “el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades”. Agrega que son deberes de la persona y del ciudadano: “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.

Hacemos votos porque el Gobierno, los dirigentes y los partidos lideren un pacto de respeto recíproco y pacífica discusión, sin perjuicio de las diferencias ideológicas o políticas. No pueden continuar la mutua intolerancia ni los estímulos a la agresión, el ataque y el odio por causas políticas.

Y, desde luego, todo el peso de la ley y la justicia contra los enemigos de la paz. Crímenes como este y los que se cometen a diario no pueden quedar impunes.

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