Acaba de publicarse, por tercer año consecutivo, el Índice de Riesgo Político de nuestro continente para este 2023. Es elaborado por un numeroso grupo de politólogos de diversos países y es conducido por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile e IDEA (Instituto Internacional para la Democracia).
Nos dice que este año encuentra a América Latina con cinco de sus principales economías —Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia— gobernadas por fuerzas al menos de centro izquierda, lo cual es consistente con el voto de castigo en la región, donde en las 14 últimas elecciones (desde 2019 a 2022) los votantes castigaron al oficialismo, con la excepción de Nicaragua que no vive en democracia.
Este 2023 será otro año complejo y desafiante para una América Latina que deberá enfrentar un contexto internacional volátil e incierto, con una desaceleración económica significativa, condiciones financieras más restrictivas y una inflación aún en niveles elevados. El crecimiento económico promedio regional será anémico, promediando 1,5%. Con este nivel de crecimiento y producto de la grave herencia dejada por la pandemia, como advierte CEPAL, la región acumulará una segunda década perdida en términos económicos (2014-2023) unido a fuertes retrocesos en materia de desarrollo social. La inflación, si bien irá disminuyendo, seguirá alta. Lo mismo ocurrirá con las tasas de interés. Por ello será determinante la atracción de inversión extranjera. Lo social seguirá agitado, con riesgos de nuevos estallidos de malestar y protesta, mientras que lo político estará marcado por un intenso calendario electoral.
La agenda electoral 2023 registra 3 elecciones presidenciales, en Paraguay, Guatemala y Argentina, y otros varios procesos electorales de importancia. Además, 2023 será un año de preparación de cara a la intensa agenda electoral que vivirán seis países con sus elecciones presidenciales en 2024: El Salvador, Panamá, República Dominicana, Venezuela, México y Uruguay.
Además de las elecciones presidenciales en Argentina y Paraguay, en América del Sur, se vivirá el segundo tiempo constitucional chileno (con una elección de consejeros constituyentes y un plebiscito de salida); elecciones locales acompañadas de una consulta popular en Ecuador; elecciones locales en Colombia; y, eventualmente, el inicio del proceso electoral peruano si es que las elecciones generales se adelantan a abril de 2024 o incluso en algún momento de 2023, dependiendo de cómo evolucione la grave crisis política hoy en curso.
A lo anterior debemos agregar como eventos políticos relevantes el inicio del tercer gobierno de Lula en Brasil; el desarrollo de las negociaciones entre el gobierno y la plataforma opositora venezolana; la marcha del primer año de gobierno de Petro en Colombia y las negociaciones por la paz total con el ELN; la evolución de la tensión política en Bolivia; y la compleja situación en materia de seguridad y estado de derecho que se vive en Ecuador.
Así, se nos revela una creciente percepción de inseguridad frente a un crimen organizado cada vez más extendido; un retroceso de democracias asediadas por el populismo, la polarización y propuestas autoritarias; riesgos de nuevos estallidos de malestar social ante una economía anémica y gobiernos incapaces de procesar de manera oportuna y eficaz las demandas ciudadanas; una crisis migratoria que no cede; y la aparición de temas como la inseguridad alimentaria y, el aumento de ataques cibernéticos.
A ello, se debe agregar que la región sufre de un muy bajo perfil internacional que le resta visibilidad y protagonismo en el escenario global. La sumatoria de todos estos riesgos configura un cuadro regional donde la gobernabilidad será compleja, convirtiéndose junto con la inflación, la inseguridad y la incertidumbre en los mayores retos que deberán enfrentar nuestros países.
