A veces es necesario volver a expresar ideas que se pensaban consensos: La inversión privada es buena y si es extranjera, igualmente buena. El capital privado es fundamental para el desarrollo nacional. Colombia ha tratado de promover la inversión directa, ya que es de largo plazo y puede traer transferencia tecnológica. El presupuesto estatal no alcanza para transformar el país.
En 2022 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$11.460 millones, un incremento anual de 59,9%. La elección de Gustavo Petro no espantó el interés de los inversionistas extranjeros, por el contrario, el mes de diciembre fue el segundo mejor mes de 2022. Ahora bien, si por razones ideológicas se va desincentivar la inversión en hidrocarburos, se debería hacer de manera organizada y no maltratando inversionistas.
Con el nombramiento de Clara Guatame como directora de la ANH, junto a los equipos de Min Ambiente y Min Minas, es evidente que el gobierno está siendo consecuente con su promesa de campaña de desmontar al sector de hidrocarburos; quiere frenar la exploración administrativamente y desincentivar la inversión tributariamente. Atrás quedaron las épocas en que se promovía el desarrollo del sector, ahora se hará lo mínimo necesario para “garantizar la soberanía energética” tal como lo mencionan las bases del Plan de Desarrollo del gobierno. Esto, a pesar de que el 71,9% de la inversión extranjera directa de 2022 fue de proyectos de petróleo y minería.
Ya mucho se ha advertido sobre las consecuencias fiscales y cambiarias, pero es una decisión tomada. No obstante, el gobierno no debería perder de vista que muchos de los fondos que invierten en hidrocarburos también son los que invierten en infraestructura, telecomunicaciones o en la deuda del país; en vez de agotarlos con papeleo interminable y un ambiente hostil de autoridades, se debería explorar una manera organizada de terminación de contratos.
Los contratos de inversión en el sector de hidrocarburos a través de la ANH vienen acompañados de requisitos de inversión y cuantiosas exigencias de garantías. Si efectivamente el gobierno no tiene interés de que se hagan esas inversiones, primero debería agotar la alternativa voluntaria para que se deshagan esos contratos.
Para efectos de transparencia y estabilidad jurídica lo óptimo sería que, a través del Congreso, se tramitara un marco jurídico y económico para hacer esos arreglos. Inclusive parte de las válvulas de escape para cancelar contratos podría ser el requisito de inversión en la transición energética que tanto busca el gobierno.
Destruir la imagen de Colombia como destino de inversión con expropiaciones, cancelaciones unilaterales u hostigamiento burocrático sería un costoso error. El mismo gobierno está buscando cuantiosas inversiones para el agro, turismo y la infraestructura del país. Si matan el petróleo habrá miedo de invertir en otras cosas, no importa que prometan. Las terminaciones voluntarias de los contratos sería un mecanismo para convertir las diferencias ideológicas en oportunidades. Seguir con la idea que Colombia continúa siendo amigable al capital privado. Ya que se sataniza mucho al gobierno por ser de izquierda, destruir confianza en el país sería un error que iría más allá del petróleo.
