La semana pasada el señor presidente de la República trasladó temporalmente la sede presidencial para el nororiente de Colombia, y desde “allá, en la Guajira arriba”, muchos colombianos temblaron asustados con algunas medidas que tomó el primer mandatario, y una de ellas fue en materia de salud, anunciando que de inmediato empezaba la aplicación del proyecto que implanta un nuevo sistema de salud en Colombia, que de mixto pasa a netamente oficial. Nunca supimos si era la aplicación inmediata y efectiva de lo que propone el citado proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República o era aplicando lo que se pudiera sin hollar las respectivas leyes vigentes. En el primer caso, sería el desconocimiento del orden jurídico vigente.
El señor presidente, en forma repetitiva, nos asusta cuando dice que la votación con la cual fue elegido es suficiente para que los proyectos de ley automáticamente sean leyes de la República. Esto nos recuerda que cuando triunfó el totalitarismo en una isla de las Antillas Mayores la nueva dirigencia obvió los trámites legislativos y optó por consultar a los asistentes a las manifestaciones públicas si aprobaban determinado proyecto de ley, y con aplausos y exclamaciones se consideraba aprobado. Si lo pensamos bien, de pronto era válido el procedimiento, porque se trataba de una insurrección popular, de esas que autorizan cambiar la estructura económica, la organización social y el régimen político de un país. Pero el actual presidente colombiano fue elegido por voto popular, y juró cumplir la Constitución y leyes de la República, donde se prescribe que estas se aprueban en el Congreso. De otra manera no se entiende por qué él, el actual presidente de la República, aterrorizó el país cuando el Gobierno anterior, elegido democráticamente como el vigente, presentó al Congreso una reforma tributaria que obligaron a retirar. Luego la presentó el actual Gobierno, doblando inicialmente la ambición del recaudo y se consideró perfecta, aunque después tuvo que recular.
Ahora bien, desde otro punto de vista sentimos euforia porque al terminar la anterior legislatura el Congreso de la República aprobó unas leyes buenas, de esas que causan alivio y que un periódico nacional relacionó así:
1. Fraude Digital. Las víctimas de suplantación bancaria quedarán exoneradas de las deudas producto del fraude. Hago un paréntesis para reseñar, sin miramiento de color político, cuánto añoramos al senador conservador David Barguil, que, durante su paso por el Congreso, como representante a la Cámara y como senador, se dedicó a buscar alivios para los usuarios del sistema financiero. Por ejemplo, entre muchas otras, la ley de paquete de servicios bancarios gratuitos, norma que obliga a los bancos del país a entregar un paquete de mínimo tres productos sin costo adicional por la cuota de manejo en cuentas de ahorros, tarjetas débito y tarjetas de crédito; la ley de costos financieros, la cual permite a los usuarios retirar la totalidad del dinero de sus cuentas de ahorros sin tener que dejar un saldo de $10.000; ley de topes, algunos bancos cobraban en su momento cobraban más de $7.000, por los retiros en cajeros de otra entidad, pero gracias a esta norma se redujo esta tarifa a la mitad; Barguil logró la aprobación del proyecto de ley que reduce el aporte en salud del 12 al 4 por ciento para los jubilados de Colombia. En fin, un señor senador. Disculpará el lector que cite estas leyes, pero es necesario divulgarlas para que cumplan su finalidad.
2. Otra ley que se aprobó fue la que obliga a la paridad de género en los cargos públicos a partir de 2026. Desde 1991 se han dado pasos importantes. Faltaría que sea por meritocracia. 3. Ley de Matrícula Cero. Gratuidad de la matrícula para todas las carreras universitarias en pregrado, en los estratos uno, dos y tres.
