La posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez, este domingo 7 de agosto, señala una nueva era en la política colombiana. Llega un gobierno de izquierda a la Casa de Nariño. Se abre la posibilidad para las transformaciones de fondo postergadas desde hace décadas. Sin embargo, Petro asume las riendas de un país dividido que puede caer en la espiral de la polarización.

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Como demócratas, esperamos que el carácter social de este nuevo gobierno logre materializar reformas claves para construir igualdad, como por ejemplo la tributaria con una distribución equitativa del ingreso y la educativa con un acceso universal a la formación de calidad. Sin embargo, debemos ser cautos y recordar que la transformación positiva de nuestro país requiere, además de los anuncios, un cambio en la manera de hacer y financiar la política. ¡No podemos seguir organizando procesos electorales con un código electoral de 1986! 

Hoy, los billones de pesos que nos roba la corrupción al año deben hacer que la lucha contra este delito sea una prioridad real y no discursiva por parte de los gobiernos. Para ese propósito, una reforma integral a la justicia que garantice el acceso oportuno y universal ciudadano a la justicia; independice y tecnifique los organismos de control; elimine la Procuraduría y cree una Fiscalía independiente y altamente tecnificada para investigar a los corruptos, no se puede dilatar. Además, la eliminación de los fueros y de las contralorías territoriales que se han convertido en botines burocráticos y expresivos, no se puede seguir postergando. 

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En materia de seguridad, con una percepción de inseguridad de prácticamente el 50% en el país, casos continuos de masacres (casi 60 en este año) y el asesinato cobarde de miembros de la Policía Nacional, urge una estrategia de seguridad ciudadana y pública integral contra todas las rentas ilegales pero que además apunte a la política social como la principal herramienta para debilitar la influencia de los grupos ilegales en el territorio. Combatir con tecnología el lavado de activos para desfinanciar a las estructuras delincuenciales que quieren imponer su ley en Colombia debe ser una prioridad. 

Los posibles acuerdos de “paz total” con narcotraficantes no pueden limitarse a resolver la situación de criminales, mientras la población padece la ausencia de una política social que garantice derechos básicos y oportunidades. 

Por último, no se debe caer en la trampa del asistencialismo para enfrentar nuestros problemas económicos. Colombia necesita una revolución en materia de productividad y por esto es clave que las inversiones en investigación y desarrollo lleguen al 3% del PIB y que se puedan descentralizar, para que las empresas regionales y locales tengan acceso a mejores procesos y así ser más competitivas. Además, urge una reforma en materia de seguridad social para que sus costos dejen de estar asociados al trabajo y sean por impuestos. Mientras el salario cubra la salud y pensión, será muy costoso generar empleo en Colombia y los cambios que se prometen serán fuente de mayor frustración. 

En el Nuevo Liberalismo nos hemos declarado en independencia frente al gobierno para apoyar esta agenda de reformas pero ejercer también un riguroso control político a sus políticas. Si al nuevo gobierno Petro le va bien, a todos los colombianos nos irá bien. 

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