El sistema de salud de los maestros ya mostraba deficiencias antes del nuevo modelo implementado por el gobierno Petro. En 2021, presentó una tasa de inconformidad en su atención de 433 peticiones, quejas y reclamos por cada 10.000 afiliados, comparada con la tasa de 189 por cada 10.000 afiliados en el conjunto de las EPS. Era un secreto a voces que en algunos Consorcios había injerencia de directivos y ex directivos de FECODE, así como de otros miembros del magisterio. Por eso, los directivos siempre fueron defensores acérrimos de este régimen especial, donde la corrupción se comía una buena parte de los recursos.

Este gobierno planteó con razón la necesidad de resolver los problemas existentes, pero desafortunadamente, la solución resultó ser peor que la enfermedad. Se decidió eliminar la "intermediación", representada por los consorcios en el caso del Magisterio, y se determinó que la Fiduprevisora, una entidad fiduciaria cuyo objetivo no es la administración de planes de beneficios de salud, asumiría las funciones de organización del servicio. Esto implicaba que la Fiduprevisora debía conformar y contratar previamente la red de prestadores, tener los procesos y capacidades montadas, la tecnología adecuada y el diseño de rutas de atención en salud, entre otros aspectos, lo cual era totalmente imposible de lograr.

Como era de esperarse, el caos se hizo presente y comenzó a notarse el desespero y la urgencia de los usuarios sin obtener respuesta, mientras que las entidades del Gobierno se pasaban vergonzosamente la pelota entre ellas.

Es fundamental comprender que el FOMAG es un fondo adscrito al Ministerio de Educación Nacional, administrado por la Fiduprevisora y las órdenes son dictadas por un Consejo Directivo conformado por tres miembros del Gobierno y dos de Fecode. Sorprendentemente, estos últimos que participaron en las decisiones, ahora se lavan las manos.

Por otro lado, observamos que muchos en el gobierno están escondiendo la cabeza como avestruces. El Ministerio de Educación, como contratante de la Fiduciaria y donde está adscrito el FOMAG, evade responsabilidades en todas sus declaraciones. En los audios filtrados de las reuniones, parece ser una mera espectadora. Mientras tanto, el ministro Jaramillo da órdenes y reparte instrucciones y, como se escuchó en los audios, responsabiliza al presidente, admitiendo que sabe que este modelo no funcionará pero que la orden de Petro era que se implementara de todas formas.

Además, el presidente permitió que se le entregara la Fiduprevisora a Marín, un personaje sin experiencia y con un historial oscuro, cuota de los congresistas del Partido de la U, Wilmer Carrillo y Saray Bechara. ¡Vaya cambio! Insisto, entregar mermelada es un delito.

Hoy, lo único claro es que, si un maestro muere o su salud se ve afectada por la inoportunidad de un tratamiento, los únicos responsables son el gobierno nacional y los directivos de FECODE, salvo Victoria Avendaño que votó en contra.

Para empeorar las cosas, una funcionaria de segundo nivel de Fiduprevisora salió a responder a la situación emitiendo la Circular 002 que, en mi concepto, es totalmente ilegal y acarreará consecuencias legales. La circular establece que los pacientes pueden acudir a donde quieran y luego el FOMAG pagará por evento, utilizando las tarifas del manual tarifario del SOAT, que son las más costosas del mercado. Esta forma de pago por evento es la peor en el ámbito de la salud ya que agota cualquier presupuesto en poco tiempo. En resumen, la circular promueve la legalización de hechos consumados mientras que el ministro, según los audios filtrados, afirma que "después vemos qué hacemos".

Para no quedarme solo en la crítica y proponer soluciones, ¿por qué no considerar la posibilidad de que los maestros entren al régimen general con un plan complementario que conserve los beneficios adicionales que la ley otorga a este sector? Los recursos que se destinan actualmente alcanzan para este fin. Esto podría implementarse bajo el aseguramiento en salud, que ha demostrado ser efectivo para optimizar los costos y garantizar la libre elección que la ley estatutaria otorga a todos los ciudadanos.