Comienza por fin este martes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la discusión de la ponencia de reforma a la salud que presentó el gobierno al Congreso en las sesiones extraordinarias en febrero. En los últimos 3 meses muchos colombianos aprendimos más de nuestro sistema de salud que en los 30 años de vigencia de la Ley 100 de 1993 que lo creó. Se trata de una reforma profunda con implicaciones de fondo en la prestación del servicio de salud, que hay que decirlo, mejoró sustancialmente en las tres décadas anteriores.
En estos meses, además, sucedió de todo. Se cayó el Ministro de Educación por su crítica posición ante la reforma; el gobierno cometió la equivocación estratégica de debilitar a los ponentes y negociar con los presidentes de los partidos de la coalición, que se sentaron directamente con el Presidente y anunciaron un acuerdo que hasta el día de hoy es la manzana de la discordia, porque liberales, U y conservadores insisten en que los consensos a los que llegaron con Petro no se recogieron en la ponencia radicada. Dilian y Cepeda desautorizaron a sus ponentes y presentaron 133 proposiciones de modificación y Gaviria extorsiona a su bancada con los avales para candidaturas de octubre. Finalmente, el gobierno se equivoca de nuevo y exige la renuncia de viceministros de los partidos liberal, U y Conservador, como mecanismo de presión para sacar adelante su propuesta.
Nada de lo que ha sucedido es extraordinario o anormal. Siempre que se presentan reformas estructurales, en todos los gobiernos, surge el tira y afloje entre ejecutivo y legislativo. Y en el fondo de este debate se encuentra en juego también la cabeza de la Ministra Corcho, quien ha manejado la propuesta gubernamental en forma torpe, terca y arrogante. Se llegó al punto que hoy está en juego, no solo el contenido de la reforma, sino la propia continuidad de la funcionaria. Y el Presidente no entregará fácilmente ese trofeo.
Ahora lo importante es que ya comienzan las discusiones en la Comisión Séptima y allí se dirimirán las diferencias en forma democrática. Así ha sido siempre y en esta ocasión no será la excepción. Se buscarán consensos al interior del recinto entre partidos y gobierno y se medirán fuerzas entre partidarios de una y otra tesis y serán los votos los que definan en primera instancia la suerte del proyecto. Después faltarán tres debates adicionales en plenaria de Cámara y en el Senado, en donde con seguridad se introducirán modificaciones a lo aprobado en la Cámara. No cabe duda que la discusión de esta reforma es una buena noticia para la salud de la institucionalidad democrática del país y de la separación de poderes que se fortalece.
Nadie puede predecir el texto final ni quienes quedarán contentos o frustrados. Cuando en una reforma de este calibre nadie sale a proclamarse totalmente victorioso, como lo pretendía la Ministra Corcho desde el comienzo, significa que hay un sano equilibrio en las discusiones. El debate de fondo de encuentra entre si se adoptará finalmente el sistema de aseguramiento público, que defiende aún la Ministra, o el mixto que los partidos acordaron con el Presidente. Así como la diferencia entre el concepto de pagador único que sostiene el gobierno o el de girador único en el que se mantienen los partidos. No son diferencias menores. De la forma en que se definan dependerá si las EPS se mantienen y que papel tendrán en el nuevo sistema. Será un debate duro y difícil, como tantos otros en el pasado en el Congreso. Lo que sí es cierto es que si el gobierno no llega el martes con espíritu conciliador, la reforma a la salud se puede convertir para Petro en lo que las objeciones a la ley estatutaria de justicia fueron para el gobierno de Duque. En dos meses veremos el desenlace.
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