Los colombianos nos hemos vuelto insensibles a las reflexiones sobre la ética ciudadana, porque se ha llegado a confundir la moral con la religiosidad como si perteneciera únicamente al albedrío individual. Desde los bancos de la escuela se ha descuidado la formación de los niños como buenos seres humanos, para dar paso a una educación competitiva que conduce a esmerarse sólo por obtener títulos académicos.
En general, nuestra sociedad se mueve por el afán de lucro enquistado por la permisividad ante el enriquecimiento inescrupuloso que, quizás inconscientemente, concibe el cumplimiento de la ley como un obstáculo caduco.
Estoy convencido de que el germen de la violencia en Colombia es la cultura de la ilegalidad, y para tratar de demostrarlo voy a acudir a ejemplos de la vida cotidiana que van teniendo unas implicaciones cada vez mayores, y que explican el comportamiento impropio de toda una nación.
Hay normas de conducta que pertenecen al Derecho Natural, que pueden estar o no consignadas en las legislaciones de los países, pero que el ciudadano debe respetar como fundamento de la convivencia. Esas normas se conocen a través del ejemplo familiar, de la educación, de las costumbres de una sociedad organizada. Son, por ejemplo, no matar y no robar. Pero, si el individuo crece sin el respeto a esos principios, su comportamiento lo llevará a matar y a robar sin escrúpulos.
Las normas consagradas en las legislaciones establecen, también, obligaciones que los ciudadanos tienen que cumplir so pena de incurrir en sanciones. Aquí es cuando opera la acción de los jueces que deben comprobar el incumplimiento y, consecuentemente, aplicar las sanciones correspondientes.
Si la justicia es inoperante o venal, la sociedad estará en manos de los criminales. La impunidad genera desconfianza en las instituciones públicas y es un ingrediente más para el imperio de la ilegalidad.
Estos fenómenos han ido degradando los principios morales hasta el punto de que en toda la sociedad se ha arraigado un relajamiento de las costumbres y un menosprecio de la ley.
La cadena perniciosa que inicia el ladrón callejero es continuada por el reducidor que paga por los artículos robados -como celulares y bicicletas- y termina en la persona que los compra. Si ésta última no existiera, no habría interés en cometer el delito, que en muchas ocasiones ha implicado la muerte de las víctimas.
Esa misma vileza es la del que se apropia de una tierra ajena; del que se alza con los dineros oficiales; del que viola a un menor; del que secuestra; del que falsifica; del que engaña a sus clientes; del que extorsiona…
Todas estas conductas han ido siendo cobijadas por la permisividad de la sociedad que las justifica o las encubre al considerarlas, cada vez, menos graves.
Es sorprendente conocer que, con lamentable frecuencia, los autores de delitos son individuos cercanos o familiares de sus víctimas. En todo caso, en el alma de muchos colombianos se ha anidado el deseo de venganza que ha convertido a nuestra sociedad en una nación violenta, con desprecio por la ley, y sin respeto por las autoridades que están constituidas para hacerla cumplir.
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