Nuevas marchas fueron anunciadas para esta semana, particularmente el paro nacional anunciado por los educadores los días 20 y 21 de febrero, que se suma al de los camioneros y las protestas en varias universidades que no dan tregua. 

El temor de manifestantes y autoridades es el mismo: ¿qué hacer con los encapuchados que generan actos de violencia? Es una asignatura pendiente en el control del orden público. Un fenómeno que se repite marcha tras marcha. 

A pesar de tener identificado el problema y la certeza que no surge de manera espontánea sino como una actividad que es planeada detalladamente, no han podido individualizar a todos los encapuchados que se camuflan entre los estudiantes para luego irrumpir con ataques a la Policía y hechos de vandalismo contra entidades y establecimientos de comercio. 

Peor aún, no se ha logrado determinar quién está detrás de los encapuchados. 

Es claro que no son alumnos o al menos nada tienen que ver con las reclamaciones estudiantiles, es lo que menos les interesa. 

Pueden hacer presencia sin ninguna distinción en marchas de educadores, transportadores, en mingas indígenas, el objetivo es aprovechar las concentraciones para perturbar el orden y causar desórdenes. 

Con el vandalismo que se registra en esas jornadas perdemos todos. Pierden los manifestantes porque se desvía la atención en los hechos violentos y antes que lograr la aceptación popular por las justas reclamaciones para que se mejoren las condiciones sociales, la indignación y el rechazo es general. 

Incluso en un amplio sector de la sociedad se estigmatiza la protesta asociándola con desmanes, caos y destrucción. 

Afecta a los trabajadores que tienen que hacer largas filas a la espera de un transporte o caminar por horas para llegar a su destino. 

Pierden los comerciantes y empresarios, pierden los policías que arriesgan su integridad para tratar de recobrar el orden, pierde la administración pública; el caos es total. 

¿Quiénes se benefician con la violencia en las manifestaciones? 

Los únicos que podrían sacar réditos con esta situación son aquellos que buscan desestabilizar el sistema estatal. Las investigaciones de los organismos de inteligencia permiten determinar que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sido el artífice de varios de estos actos vandálicos. No puede ser coincidencia que justo cuando el ELN anunció un paro armado, se registran desmanes con fuertes enfrentamientos. Los agitadores funcionan como una estructura entrenada para actuar en el lugar y momento oportuno, muchos son reclutados con promesas de remuneración económica. 

Es necesario llegar al origen de esta violencia con investigaciones exhaustivas, incluso en las universidades que son espacios utilizados por esas organizaciones para reclutar jóvenes o tener allí su ‘centro de operaciones’. De ahí surge la polémica sobre la conveniencia del ingreso de la Fuerza Pública a las instituciones educativas. 

En principio hay que decir que las universidades, como centros de formación superior y especializada, tienen una autonomía que debe ser respetada, pero cuando se desvía esa razón de ser y desde la misma academia no se puede garantizar la seguridad, las autoridades no podrían tener espacios vedados en su obligación de salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos, eso sí, respetando unos protocolos para no afectar a los estudiantes ni el desarrollo académico en las aulas. 

@WilsonRuizO