En vista de que Colombia tiene la particularidad de ser una de las economías en el mundo con mayores desigualdades en la distribución de recursos y de oportunidades, es de esperar que se le dé prioridad a reducir las inequidades existentes, procurando no hacerlo a costa de la productividad de la economía sino para promoverla. 

Una de las áreas que ofrecen la oportunidad de trabajar inmediatamente con estos propósitos es prestarle atención inmediata a la brecha existente en la distribución de ingreso, servicios, y oportunidades entre las ciudades y el sector rural, aprovechando la información proveniente del censo en el sector agropecuario y de la recopilación que ha estado a cargo de la Misión Rural resumida en un documento de José Antonio Ocampo para el DNP (Saldar la Deuda Histórica con el Campo, DNP. Octubre de 2015). 

En este documento se muestra que la pobreza en el sector rural comparada con las cabeceras es por lo menos veinte puntos porcentuales superior y que esta diferencia es mayor en el caso de pobreza extrema o en el de la pobreza multidimensional. 

Las diferencias en los elementos de este último indicador son inmensas. Por ejemplo, el porcentaje de población rural sin acceso a agua mejorada es 40 por ciento mientras que en las cabeceras es 3 por ciento. 

El que padece de inadecuada eliminación de excretas es 27 por ciento en la población dispersa y una tercera parte en las cabeceras. 

El porcentaje de población rural con bajo logro educativo es 83 por ciento, casi el doble que en las cabeceras. El analfabetismo en el campo es tres veces mayor que en las cabeceras. 

El acceso a la tierra y a elementos para trabajarla productivamente es inadecuado, y por ese motivo es inferior el ingreso de los productores campesinos que el de los asalariados del campo. 

En ambos casos es muy precaria la cobertura de seguridad social porque el empleo rural es mayoritariamente informal. La desigualdad en la distribución de la propiedad rural es peor que la del ingreso en Colombia. 

No se necesita mucho más para darse cuenta de que para cimentar la paz y hacerla sostenible hay que actuar sobre las brechas que se han identificado entre el campo y las ciudades. 

Lo que propone la Misión Rural es aumentar significativamente el acceso de la población rural a los servicios básicos, ampliar notoriamente el acceso de los propietarios y trabajadores rurales a recursos productivos (tierra, crédito, tecnología y servicios de extensión y comercialización), mejorar la calidad de las instituciones del sector para estimular una ruralidad competitiva, incrementando la oferta de bienes públicos productivos y disminuyendo los subsidios monetarios. 

Estas propuestas no son novedosas, pues misiones anteriores y otras voces también las han presentado sin que el gobierno haya respondido adecuadamente u oportunamente. La oportunidad ahora es que el informe de la misión rural ha coincidido con el inicio del posconflicto y se pueden aprovechar productivamente tanto el diagnóstico como las recomendaciones para emprender la tarea que se necesita urgentemente para consolidar la paz induciendo una gran transformación de la economía campesina sin perjudicar la agricultura comercial.