“Pa’mucho”, dicen los campesinos de Gramalote y Lourdes. En principio la Constitución política de Colombia dice que el control fiscal es una función pública, que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación.
Y la gestión fiscal es el mundo de actividades jurídicas, económicas, tecnológicas que desarrollan los servidores públicos y las personas de derecho privado, como las concesionarias que manejan o administran recursos o fondos públicos tendientes a las adecuadas y correctas adquisiciones, planeación, conservación, administración, mantenimiento, explotación y custodia de bienes públicos.
Luego en 1994 la Ley 136 estableció unas normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, acoplados a la Ley 42 del mismo año y así nacieron las contralorías municipales.
No deberían estar en el ojo del huracán estas contralorías si se despolitizaran y se convirtieran en el más efectivo antídoto contra la corrupción. Pero se alejan de su misión y se convierten en tribunales intimidatorios cuando son mal guiados, o en mecanismos de la impunidad o de los dilatamientos cuando engavetan o archivan sin ruborizarse porque nadie denuncia.
Uno revisa todas las promesas de los candidatos presidenciales y de manera uniforme cuando se toca el tema de las políticas anticorrupción, el tema inevitable es el de la eliminación de las contralorías territoriales. Todo el mundo se lamenta no haber votado afirmativamente en el referendo de Uribe por esta propuesta eliminatoria. Ah, y la eliminación de las asambleas departamentales.
A veces uno puede garantizar, que de cada cincuenta diligencias preliminares solo una termina en declaración de responsabilidad fiscal. La estadística no es mía, es de uno de los veedores más sufridos de esta municipalidad. Existe un fallo de nuestra Contraloría Municipal de Cúcuta digna de enmarcar: previas condenas judiciales de carácter penal que obran en un proceso de responsabilidad fiscal, el contralor sin sonrojarse produjo un prevaricato que exoneró a varios protegidos de los dioses de ella. Y nadie denunció.
Es cierto, las contralorías municipales no deberían eliminarse si cumplieran la misión encomendada conforme a la ley, permitiendo a los alcaldes administrar sin padecer los temores de sus amenazas y presiones politiqueras. Tengo tantas cosas para revelarle a la contralora de administraciones pasadas, que necesitaría un buen rato. Sí, ¡las Contralorías sirven “pa’mucho!”.
