Indignante el episodio de violencia ocurrido en el departamento de Antioquia, donde una menor de 16 años, integrante de una comunidad indígena, perdió sus extremidades superiores al manipular una mina antipersona que el Eln pretendía sembrar en zona rural de esa región.
Indignante que la adolescente haya sido reclutada a la fuerza por esa organización ilegal, demostrando que continúa llevando niños a sus filas como una práctica recurrente. Más indignante es que la víctima solo llevaba un mes de haber sido arrebata de su familia y con ese corto tiempo, fue obligada a realizar acciones bélicas con explosivos.
Actos execrables como este no se pueden permitir. Los colombianos quieren pasar la página de la guerra con las organizaciones que ejecutan hechos condenables como el reclutamiento de menores de edad, empleo de armas no convencionales y especialmente las minas antipersona, de las cuales Colombia avanza en el proceso de su erradicación, tarea que no ha sido fácil porque fueron sembradas durante más de cuarenta años de confrontación con los grupos guerrilleros y se siguen instalando, como se evidencia en el caso ocurrido en Antioquia.
En 2001, cuando Colombia adhirió a la Convención de Ottawa, adquirió el compromiso de realizar un desminado humanitario en todo el país, sin embargo, esa labor se volvió más compleja debido a la acción criminal de los grupos alzados en armas que persisten en utilizar explosivos para resguardar los cultivos ilícitos, laboratorios de cocaína o campamentos, sin tener la mínima consideración con campesinos, turistas y en general las víctimas que sufren las consecuencias de esos letales dispositivos.
Fue justamente el Eln el que empezó en los años 70 implementando estos explosivos en sus ataques a la Fuerza Pública. Los elaboraban con procedimientos artesanales de fácil fabricación, pero con alta capacidad de destrucción. Aún siguen usándolos, a pesar del daño irreparable que causa a las víctimas. En el 2019 se registraron 352 personas afectadas por esos artefactos, 42 de ellas murieron.
No es haciendo exigencias en una mesa de diálogo como se construye el camino hacia la paz, es demostrando con hechos la voluntad de reincorporarse a la vida en sociedad, que se refleja en actos como dejar de reclutar niños y adolescentes, abandonar la práctica de instalación de minas antipersona y suspender los secuestros, entregando a los que se encuentran privados de la libertad, porque según las cifras oficiales, el Eln tiene actualmente a diez secuestrados. Son las mínimas exigencias que deben cumplir, que están contempladas en normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
