El Estado colombiano es una organización democrática, participativa y pluralista, respetuosa de la dignidad humana y de los derechos fundamentales, familiares, sociales y colectivos. Es un Estado Social de Derecho; estipula garantías para el ejercicio de todos los derechos individuales, familiares, sociales, económicos y colectivos. Es un sistema político y jurídico orientado hacia la igualdad real y efectiva y hacia la justicia social.
Gozamos de la seguridad de poder opinar y optar con plena libertad en lo ideológico, político o religioso. Se asegura la libre opción partidista y se ampara la libertad en la actividad de partidos y movimientos, para el acceso a la función pública sobre la base de la soberanía popular; se permite y protege el legítimo ejercicio de la oposición.
Igualmente, hay libertad de prensa y de expresión, derecho a la información y autonomía de los medios y periodistas para llevar a cabo investigaciones, análisis y estudios sobre hechos y situaciones, y para divulgar sus resultados.
Todo eso, que para el pueblo colombiano es muy valioso, se encuentra ampliamente regulado en la Constitución Política -próxima a cumplir treinta y tres años-, desarrollado en numerosas leyes, así como en la jurisprudencia constitucional. No está bien que se desvirtúe, se ignore o se manipule. Deberíamos empeñarnos en su preservación y desarrollo, pues todo ello hace parte del sustrato axiológico que identifica nuestra nacionalidad.
Sería ingenuo desconocer que todo lo dicho -y mucho más, plasmado en las normas fundamentales- configura un conjunto teórico de enorme trascendencia, pero, en buena parte, muy lejano de la realidad. Debemos, entonces, mirar esa realidad, confrontarla con lo estatuido, buscar los caminos que nos conduzcan a la realización de los valores y postulados constitucionales, y corregir muchos de los errores que se vienen cometiendo.
En el país subsiste, desde hace años, lo que la Corte Constitucional ha denominado un “estado de cosas inconstitucional”, en muchos campos. Hay -especialmente en algunas regiones- una enorme desigualdad, pobreza, hambre, desempleo, deficiencias en educación, vivienda y salud; violencia generada por el narcotráfico, la delincuencia común y las organizaciones criminales de izquierda y de derecha, cuya malévola actividad solamente genera en las comunidades dolor, angustia, miedo, desplazamientos, inseguridad y muerte. Ya se ha visto que los procesos de paz, en la mayoría de los casos, están llamados al fracaso.
Hay necesidad de observar lo que viene ocurriendo en la época presente, no tanto para especular en medios y redes, sino para buscar soluciones reales, sin tanta pelea, que a nada conduce. Buscando integración, más que ruptura y odio. Que aquellos a quienes corresponda -dentro y fuera del Estado, pues no todo compete al presidente de la República- actúen de conformidad con sus deberes y obligaciones, ejerzan la función que les asigna el orden jurídico, y ayuden, en vez de destruir y obstaculizar.
La polarización política es hoy factor de confusión y fuente de abuso en diferentes sectores, desfigurando muchas veces las funciones propias de las ramas y órganos del poder público, la actividad de empresas y gremios e inclusive la gestión de muchos medios de comunicación, cada vez más politizados.
Necesitamos menos enfrentamientos políticos y pensar más en el bien común. Menos odio y mejor voluntad.
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