Hoy votamos los colombianos por los nuevos gobernadores, alcaldes,diputados y concejales para los próximos 4 años y más allá de balances políticos y electorales, preocupa el retroceso en materia de seguridad en estas elecciones. El desafortunado e inverosímil comunicado conjunto de los delegados del gobierno nacional y de las disidencias de las Farc sobre la eventual presencia de integrantes de este grupo en el acto de apertura electoral, es el síntoma más grave y evidente del deterioro de las condiciones de seguridad para candidatos y electores en estos comicios. Desde las elecciones regionales del 2015 el país venía asistiendo a elecciones cada vez más tranquilas y pacíficas. El acuerdo de paz con las Farc en el 2016 condujo a ese evidente mejoramiento del clima electoral y a que la ciudadanía rechazara cada día con mayor contundencia la perversa mezcla de armas con votos. Se perdió mucho de lo avanzado.

En este año vivimos un proceso plagado de amenazas, atentados contra candidatos, zonas vedadas para determinados partidos, intimidación con los fusiles y coacción a funcionarios. El solo hecho de que autoridades electorales y gobierno tuvieran que negociar con los ilegales el ingreso de material en algunas zonas del país es un pésimo precedente para nuestra democracia. En el momento en que se pactó un cese bilateral al fuego con el Eln y con los compañeros del criminal Iván Mordisco, el gobierno ha debido tener una postura clara y exigirles respeto al proceso electoral y la no interferencia en la voluntad de los ciudadanos. Así como hace 20 años en pleno proceso de Santafé de Ralito con los paras, era condenable que Uribe no exigiera a Mancuso y compañía respeto por los partidos de centro y de izquierda, ahora debemos rechazar la debilidad del gobierno para exigir en las mesas con el Eln y disidencias que se garanticen los derechos de los partidos de oposición al gobierno Petro, como el Centro Democrático y Cambio Radical.

El problema, además, es la confusión que hay con respecto a lo que sucede con los distintos grupos ilegales, con la excepción de la mesa de negociaciones con el Eln que cuenta con un marco jurídico claro y una agenda definida, que avanza a pesar de las dificultades. Las conversaciones del gobierno con el Clan de Golfo, las disidencias de Mordisco, la Segunda Marquetalia y las distintas bandas criminales en centros urbanos del país, carecen de estrategia, cronogramas y responsables definidos. Nadie entiende qué se negocia y no existe ningún marco jurídico para avanzar en esas conversaciones. El propio Comisionado de Paz corre riesgos jurídicos innecesarios al reunirse con Iván Márquez, quien tiene todas sus órdenes de captura vigentes.

En esta campaña, como hace años no sucedía, se respira un ambiente de zozobra e incertidumbre. Sin duda el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país comenzó con el gobierno anterior y su incapacidad para implementar el acuerdo de paz y enfrentar al tiempo el crecimiento de distintas estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. Esa es una responsabilidad clara de Duque y en eso tiene razón el gobierno actual. Pero no se puede desconocer que en este último año los grupos ilegales siguen creciendo sin ser combatidos con eficacia por parte del estado. Algunos en el gobierno no entienden que no será posible avanzar en negociaciones exitosas de paz desde una posición de debilidad militar del estado frente a los criminales, como la que se siente hoy. O se recupera la iniciativa, o los próximos meses serán de un chantaje permanente por parte de esos grupos.

Mañana cuando la campaña termine, será importante que el gobierno reflexione sobre los resultados electorales y el impacto del resurgimiento de la violencia y la inseguridad. Sin abandonar su propósito de buscar La Paz, en el cual lo acompañamos con convicción, deben revisar toda la estrategia de seguridad y paz, organizarse, establecer unas metas claras y definir con claridad los responsables de una política que hoy luce despelotada, caótica y sin rumbo claro.