Nadie podrá poner en duda la legitimidad de la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez para la Presidencia y la Vicepresidencia de Colombia. Los ciudadanos pudieron expresarse mayoritariamente en apoyo de esa opción y lo hicieron venciendo narrativas negativas que buscaban inducir al miedo, rechazaron prejuicios venenosos y desmontaron por la vía del voto las tramas de la propaganda sucia destinada a impedir una apertura al cambio, como lo necesita la nación. Quedó abierto un camino de renovación, propuesto con insistencia y este es un compromiso de cotidiano cumplimiento de parte de quienes estarán conduciendo al país en los próximos cuatro años, a partir del 7 de agosto de este 2022. Con lo que ha dicho y hecho en estos primeros días de su elección Gustavo Petro ha mostrado su temple de estadista y de político ajeno a revanchismos. Tiene claridad sobre la importancia de impulsar las reformas de la nación con el soporte de un gran acuerdo en el cual participen diferentes sectores. No es la unión bipartidista del Frente Nacional, ni la adhesión de los congresistas pegada con mermelada clientelista. Tampoco se trata de renunciar a los principios que están en el ideario político, ni a las propuestas a las que el pueblo les dio el sí. Y las fuerzas políticas con ánimo de entendimiento comprenderán que esa es la dinámica, mediante la cual también preservan la integridad de sus ideas.
La responsabilidad del gobierno entrante es de la magnitud de lo que está llamado a hacer para cambiarle el rumbo a la nación. El amasijo de pobreza, violencia, corrupción, racismo, intolerancia, clasismo y abuso de poder, genera turbidez en el manejo de lo público. O sea, degrada el Gobierno y anula la posibilidad de una convivencia armónica. En ese revoltijo todo se vuelve adverso. Se requiere por lo tanto salir de ese ámbito de perturbaciones reconociéndole a las personas derechos, dignidad, libertad y oportunidades.
Aunque se habla de democracia, de instituciones, de crecimiento económico, de ayuda social, la realidad muestra otros indicadores. Hay pobreza y hambre, el servicio de salud registra graves vacíos, todos los días hay nuevas víctimas. El llamado Estado social de derecho es fallido. Por eso la empresa de garantizar un país socialmente armónico, con una economía productiva, que garantice empleo remunerado como debe ser, que no tienda barreras para el acceso a la universidad y ofrezca una educación de calidad y amplia cobertura, exige una gestión rigurosa en cuanto a acierto y transparencia en los actos administrativos.
El gran reto es manejar el país con honradez y fidelidad para el cumplimiento de cuanto se prometió ejecutar. El resultado debe ser óptimo en todos los frentes. La vida, la paz, la salud, la educación, la correcta justicia, la protección ambiental, los derechos sociales, el funcionamiento de la democracia, la libertad en todas sus expresiones, son garantías que el Gobierno está llamado a preservar. Todos los órganos del poder público tienen que obrar en la misma dirección y mantener las condiciones que hagan sostenible ese conjunto institucional, con perfeccionamiento constante.
Puntada
Los 14 nortesantandeanos que harán parte del próximo Congreso Nacional debieran tender puentes entre ellos para un trabajo legislativo conjunto en favor del departamento.
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